El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que aún están pendientes los resultados de las pruebas de ADN para identificar los cuerpos de los cinco integrantes del grupo musical Fugitivo, hallados sin vida en Reynosa. Los músicos desaparecieron el pasado 25 de mayo tras ser contratados para un evento privado, en un caso que ha conmocionado a la sociedad tamaulipeca.
La Fiscalía de Tamaulipas, encabezada por Irving Barrios Mojica, anunció la detención de nueve presuntos responsables, ligados a la fracción Los Metros del Cártel del Golfo. Sin embargo, las autoridades han sido cuestionadas por su manejo del caso, especialmente por la falta de comunicación con los familiares de las víctimas, quienes aseguran no haber recibido información clara.
Clara M. Lizcano, familiar de uno de los músicos, desmintió en redes sociales que los cuerpos hayan sido identificados. Según ella, la Fiscalía no ha proporcionado pruebas de ADN ni ha confirmado oficialmente que los restos correspondan a los integrantes del grupo, generando incertidumbre y desconfianza entre los allegados.
Villarreal aseguró que las fuerzas de seguridad y la Fiscalía actuaron de inmediato tras reportarse la desaparición. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha señalado que el caso podría derivar en una “fabricación de culpables”, lo que ha intensificado las críticas hacia el gobierno estatal por su gestión de la crisis.
El grupo Fugitivo, conocido por sus corridos y presentaciones en eventos sociales, fue privado de su libertad mientras se trasladaba en una camioneta negra. Las autoridades localizaron el vehículo en la colonia La Cañada, sin rastros de violencia, pero el segundo vehículo con los instrumentos de la banda sigue desaparecido.
La investigación, apoyada por la Guardia Nacional, el Ejército y la Comisión Estatal de Búsqueda, rastreó a los músicos mediante cámaras de seguridad y análisis de telefonía. Los cuerpos fueron encontrados en un predio de la colonia Aquiles Serdán, en condiciones que han complicado su identificación.
Familiares de los músicos han negado cualquier vínculo con el crimen organizado, asegurando que el grupo se dedicaba exclusivamente a su carrera musical. La tragedia ha generado protestas en Reynosa, donde ciudadanos exigen justicia y claridad en un contexto de creciente violencia en la región.
El caso ha puesto en el ojo del huracán al gobierno de Villarreal, acusado de minimizar la inseguridad en Tamaulipas. La falta de resultados concretos y la demora en las pruebas de ADN han avivado el descontento, mientras los familiares siguen esperando respuestas.
Este multihomicidio se suma a una serie de eventos violentos que han sacudido al estado, poniendo en entredicho las estrategias de seguridad del gobierno morenista. La presión sobre Villarreal crece, en medio de un clima de zozobra que afecta a la población tamaulipeca.
La sociedad civil y los familiares de las víctimas exigen que no se cierre el caso sin pruebas contundentes. Mientras tanto, el gobierno de Tamaulipas enfrenta el desafío de restablecer la confianza en un entorno marcado por la incertidumbre y el dolor.