El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un nuevo escándalo en la organización de la primera elección judicial en México, programada para el 1 de junio de 2025. La controversia surge por el manejo de las boletas no utilizadas, un tema que ha generado un choque entre los consejeros electorales. Mientras algunos niegan cualquier riesgo de irregularidades, otros advierten sobre la posibilidad de un “embarazo de urnas”, lo que podría comprometer la transparencia del proceso.
La elección judicial, un ejercicio inédito en el país, busca renovar cargos clave en el Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito. Sin embargo, el manejo de las boletas sobrantes ha levantado sospechas. Consejeros como Arturo Casillas han asegurado que estas boletas serán resguardadas en bodegas de los consejos distritales, descartando cualquier posibilidad de manipulación.
Por otro lado, el consejero Jaime Rivera ha calificado como “indeseable” la decisión de realizar los cómputos en los consejos distritales en lugar de las casillas, argumentando que esta medida podría abrir la puerta a irregularidades. La falta de claridad en el protocolo para inutilizar las boletas no utilizadas ha intensificado las preocupaciones, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones está en juego.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha defendido el proceso, asegurando que las medidas implementadas garantizan la integridad de la elección. Sin embargo, las críticas no cesan. Organizaciones civiles y algunos consejeros han señalado que la falta de un conteo rápido y la complejidad de las boletas podrían desincentivar la participación ciudadana, proyectada en apenas un 20% según estimaciones oficiales.
El diseño de las boletas también ha generado controversia. Cada ciudadano recibirá hasta seis boletas de diferentes colores para elegir diversos cargos judiciales, lo que ha sido criticado por su complejidad. En estados como la Ciudad de México, los votantes podrían enfrentar hasta nueve boletas, lo que aumenta el riesgo de confusión y errores en el proceso de votación.
A esto se suma la preocupación por la seguridad durante la jornada electoral. Aunque el INE ha reportado que solo cuatro de las 83 mil 994 casillas previstas están en riesgo de no instalarse, la presencia de fuerzas de seguridad federales en las instalaciones del instituto ha generado inquietud. Esta medida, inusual en la historia del INE, refleja la tensión que rodea este proceso electoral.
Organizaciones como Defensorxs han advertido sobre la participación de candidatos con antecedentes cuestionables, incluyendo vínculos con el crimen organizado. Estos señalamientos han avivado el debate sobre la idoneidad de los aspirantes y la falta de filtros rigurosos en el proceso de selección, lo que podría afectar la legitimidad de los resultados.
El INE enfrenta el reto de garantizar un proceso transparente en medio de un presupuesto ajustado y críticas constantes. La elección judicial, promovida como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, está bajo escrutinio. Las decisiones que tome el instituto en las próximas horas serán cruciales para evitar que las sospechas de irregularidades empañen este ejercicio histórico.
Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para una jornada electoral que promete ser compleja. La falta de información clara sobre los candidatos y el proceso ha generado desinterés, lo que podría traducirse en una baja participación. La pregunta sigue en el aire: ¿logrará el INE superar las críticas y garantizar una elección judicial confiable?