En un hecho que ha generado controversia, únicamente 31 de los 51 alcaldes de Nuevo León se presentaron a las urnas este 1 de junio de 2025 para participar en las históricas elecciones judiciales. Este proceso, sin precedentes en México, permitió a la ciudadanía elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La baja participación de los ediles ha levantado críticas sobre el compromiso de las autoridades locales con este ejercicio democrático.
Entre los ausentes destacó el gobernador Samuel García, quien, a pesar de las expectativas, no acudió a votar en su casilla ubicada en la zona sur de Monterrey. Su ausencia fue notable, especialmente porque se esperaba que liderara con el ejemplo en un proceso que busca transformar el sistema de justicia en el país. La falta de participación de una figura clave como García ha generado cuestionamientos sobre la seriedad con la que el gobierno estatal aborda esta reforma.
Por otro lado, alcaldes metropolitanos como Félix Arratia de Juárez, Andrés Mijes de Escobedo, César Garza de Apodaca, Manuel Guerra de García, Jesús Nava de Santa Catarina y David de la Peña de Santiago sí ejercieron su voto. Estos ediles acudieron a sus casillas correspondientes, mostrando su apoyo al proceso electoral. Sin embargo, la asistencia de solo el 60% de los alcaldes de la entidad refleja una falta de compromiso generalizado.
Senadores como Waldo Fernández y Judith Díaz también participaron en la jornada, haciendo un llamado a la ciudadanía para sumarse a este ejercicio histórico. Ambos enfatizaron la importancia de que los ciudadanos decidan quiénes impartirán justicia en México. Su presencia en las urnas contrastó con la ausencia de otras figuras políticas relevantes, lo que intensificó el debate sobre la responsabilidad de los líderes locales en este proceso.
La jornada electoral, que se llevó a cabo de 8:00 a 18:00 horas, transcurrió con relativa calma, aunque con una participación ciudadana menor a la esperada. Según estimaciones, solo entre el 7% y el 8% del padrón electoral de Nuevo León acudió a votar. Esta cifra, mucho menor al 20% proyectado por algunos sectores, evidencia el desafío de involucrar a la población en un proceso tan novedoso como las elecciones judiciales.
En casillas especiales, como la ubicada en la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey, la afluencia fue baja. Después de cuatro horas de iniciada la jornada, apenas 250 personas habían votado, según reportes de los funcionarios de casilla. Esto contrasta con elecciones tradicionales, donde las casillas especiales suelen agotar sus boletas rápidamente debido a la alta demanda.
Ciudadanos como Juana del Carmen Martínez Treviño, una maestra jubilada, destacaron por su compromiso cívico. En la sección 1410 de la colonia Del Paseo Residencial, en Monterrey, los adultos mayores fueron los más participativos, investigando previamente a los candidatos y dedicando tiempo a llenar las seis boletas electorales. Martínez Treviño expresó su esperanza en que los jóvenes también se involucren en estos procesos democráticos.
La complejidad del proceso también fue un factor señalado por los votantes. En la casilla 1803 de San Nicolás, los ciudadanos reportaron dificultades para llenar las boletas debido al tipo de letra y la cantidad de información. Algunos, como Jesús Romo, indicaron que el proceso les tomó entre cinco y ocho minutos, describiéndolo como “difícil, pero no imposible”.
A pesar de las expectativas, el Instituto Nacional Electoral reportó que el cómputo de votos podría extenderse hasta diez días debido al alto número de cargos en juego. Este proceso, que incluye la elección de 881 cargos judiciales a nivel nacional, marca un parteaguas en la historia democrática de México, pero la baja participación de autoridades y ciudadanos en Nuevo León pone en duda su impacto inmediato.
La ausencia de casi la mitad de los alcaldes de Nuevo León en las urnas deja un mensaje preocupante sobre el liderazgo político en la entidad. Mientras algunos ediles y senadores dieron el ejemplo, la falta de compromiso de figuras clave como el gobernador Samuel García podría minar la legitimidad de un proceso que busca fortalecer la justicia en el país.