El próximo 1 de junio marca un hito en Chihuahua: por primera vez, los ciudadanos votarán directamente para elegir jueces y magistrados del Poder Judicial, tanto federal como estatal. Sin embargo, este proceso electoral promete ser todo menos sencillo. El método de votación, completamente diferente al de elecciones tradicionales, ha generado dudas y preocupaciones sobre su claridad y accesibilidad para los votantes.
El sistema de boletas es uno de los principales puntos de confusión. Cada elector recibirá múltiples boletas, cada una de un color distinto, para elegir diferentes cargos judiciales. Por ejemplo, la boleta naranja será para seleccionar tres magistraturas (dos mujeres y un hombre) para las cinco salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La boleta amarilla permitirá elegir tres jueces y tres juezas de Distrito, mientras que la rosa se usará para magistrados y magistradas de Circuito.
En el ámbito local, el Instituto Estatal Electoral (IEE) entregará cinco boletas adicionales, también divididas por colores. La boleta azul servirá para elegir tres mujeres y dos hombres para magistraturas en materia familiar y el Tribunal de Disciplina Judicial. La verde será para magistraturas en materia penal, con cinco hombres y cinco mujeres. Finalmente, la naranja, nuevamente, se destinará a magistraturas en materia civil, con la misma proporción de género.
Este sistema, que busca garantizar paridad de género y una representación equilibrada, ha sido criticado por su complejidad. Especialistas advierten que el diseño de las boletas, donde los candidatos no aparecen con nombres completos ni emblemas partidistas, sino con números asignados, podría desorientar a los votantes. La falta de familiaridad con los nombres y trayectorias de los candidatos complica aún más la toma de decisiones informadas.
Para mitigar esta confusión, el IEE y el Instituto Nacional Electoral (INE) han implementado herramientas como simuladores de boletas en línea y ejercicios de práctica en escuelas y módulos informativos. Sin embargo, la efectividad de estas medidas está por verse, ya que muchos ciudadanos aún desconocen los detalles del proceso o las funciones específicas de los cargos que elegirán.
Otro aspecto preocupante es la baja expectativa de participación. El IEE estima que solo el 10% de los chihuahuenses acudirá a las urnas, basándose en experiencias previas de mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato. Esta proyección refleja el desafío de movilizar a la población en un proceso electoral tan novedoso y, para muchos, desconcertante.
Críticos han señalado que el diseño del proceso parece beneficiar al partido en el poder, Morena, que ha promovido activamente a sus candidatos. La falta de inhabilitación de boletas no utilizadas, que serán enviadas en blanco a centros distritales, ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en el conteo de votos, especialmente porque este estará a cargo de funcionarios y no de ciudadanos.
El proceso también coincide con un contexto político tenso. La reforma judicial que dio origen a esta elección ha sido cuestionada por su implementación apresurada y por la falta de candidatos suficientes en las etapas iniciales. Incluso el INE propuso retrasar la elección a octubre, pero la propuesta fue desechada, aumentando las críticas sobre la organización.
En resumen, la elección judicial en Chihuahua se perfila como un experimento democrático sin precedentes, pero plagado de retos. La complejidad de las boletas, la baja participación esperada y las dudas sobre la transparencia del proceso podrían empañar este esfuerzo por democratizar el Poder Judicial. Los chihuahuenses enfrentarán un desafío único este 1 de junio, y solo el tiempo dirá si el sistema logra cumplir con las expectativas de una democracia participativa.