El 1 de junio de 2025, México vivió un evento sin precedentes: la elección por voto popular de más de 2,600 jueces y magistrados del Poder Judicial. Este proceso, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual mandataria Claudia Sheinbaum, busca transformar un sistema judicial señalado por altos niveles de impunidad. Sin embargo, la ambiciosa reforma ha desatado críticas por su falta de claridad, opacidad en los candidatos y temores de politización.
La elección de 881 cargos federales y cientos de posiciones locales marcó un desafío logístico monumental para el Instituto Nacional Electoral (INE). Con más de 600 millones de boletas impresas, el proceso superó en magnitud a las elecciones presidenciales de 2024. Los ciudadanos enfrentaron boletas complejas, con miles de candidatos poco conocidos, lo que generó confusión y cuestionamientos sobre la preparación del electorado.
La reforma, promovida por Morena, argumenta que el voto popular democratizará un Poder Judicial históricamente elitista. Sheinbaum ha defendido que esta medida reducirá la impunidad, que alcanza el 90% en casos sin sentencia. Sin embargo, detractores advierten que la elección masiva podría debilitar la independencia judicial, abriendo la puerta a intereses políticos y hasta criminales.
Un problema central es la falta de información sobre los candidatos. Muchos votantes desconocen sus trayectorias, y la opacidad en el proceso de selección ha generado desconfianza. Expertos señalan que, sin claridad en las reglas, el voto podría ser manipulado mediante prácticas como el “acarreo” o el uso de “acordeones”, guías que indican por quién votar, impulsadas por fuerzas políticas.
La inseguridad también ensombrece esta elección. Reportes han vinculado a algunos candidatos con el crimen organizado, incluyendo a una exdefensora de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En estados como Jalisco y Sinaloa, la influencia de cárteles en el proceso electoral ha levantado alertas, alimentando el temor de que el Poder Judicial quede comprometido.
El proceso ha sido criticado por su precipitación. La falta de consenso político y un presupuesto limitado para el INE complicaron la organización. Además, la baja participación esperada, con encuestas que estiman que solo el 10% del censo votaría, refleja el desinterés y la desconfianza de la ciudadanía en este experimento.
Organizaciones civiles y expertos internacionales han cuestionado la reforma. La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Andrea Pochak, señaló que no aborda la crisis de impunidad ni garantiza eficiencia en la justicia. También se critica la eliminación del INAI, visto como un retroceso en transparencia.
A pesar de las críticas, Morena insiste en que esta reforma empodera al pueblo, rompiendo con un sistema judicial que favorecía a elites. Sin embargo, casos como el de jueces vinculados a escándalos de corrupción o narcotráfico han avivado el debate sobre si esta elección fortalecerá o debilitará la justicia en México.
El conteo de votos, que se extenderá hasta el 12 de junio, definirá el rumbo del Poder Judicial. Los resultados podrían reconfigurar el equilibrio de poderes en el país, en un momento donde la confianza en las instituciones está en juego.
Este “experimento kafkiano”, como lo calificó el Financial Times, pone a México en el centro de la atención mundial. La pregunta persiste: ¿es esta una reforma histórica que democratizará la justicia, o un paso hacia el control político del último contrapeso al oficialismo?