Por primera vez en la historia de México, este 1 de junio los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, un proceso sin precedentes que buscaba renovar 2,681 cargos, incluyendo 881 federales. Sin embargo, la jornada estuvo envuelta en un torbellino de confusión y un preocupante desinterés ciudadano.
La complejidad de las boletas electorales, con hasta seis opciones distintas para el ámbito federal y otras tantas en 19 estados con elecciones locales, generó desconcierto entre los votantes. Muchos, como Juan Rodríguez, un hombre de 64 años con debilidad visual, confesaron haber votado por candidatos que recordaban de los medios, sin un conocimiento profundo de sus propuestas.
El Instituto Nacional Electoral instaló casi 84,000 casillas en todo el país, con 245 especiales para ciudadanos en tránsito. A pesar de este esfuerzo logístico, las encuestas previas pronosticaban una participación baja, entre el 10% y el 20% de los 99.7 millones de electores convocados, reflejando un abstencionismo que amenaza con deslegitimar el proceso.
La reforma judicial, impulsada por el gobierno de Morena y promulgada por Andrés Manuel López Obrador, ha sido el centro de la controversia. Críticos aseguran que la elección popular de jueces abre la puerta a la politización de la justicia, con acusaciones de que el oficialismo favoreció a candidatos afines, mientras el diseño complicado de las boletas podría beneficiar a los más conocidos.
Organismos internacionales, como la ONU, y asociaciones civiles han advertido sobre posibles intromisiones del Ejecutivo y hasta del crimen organizado en el proceso. Denuncias contra una veintena de candidatos por presuntos nexos con el narcotráfico han alimentado la desconfianza en un sistema que prometía transparencia y cercanía con el pueblo.
Ciudadanos como Remedios Torres, de 30 años, expresaron su frustración al considerar el proceso una “pérdida de tiempo” debido a la abrumadora cantidad de nombres en las boletas. A pesar de esto, algunos acudieron a votar por un sentido de responsabilidad, aunque sin claridad sobre los perfiles de los aspirantes.
El INE reportó que el 99.98% de las casillas operaron con normalidad, aunque se registraron 1,770 incidentes, la mayoría resueltos. Sin embargo, la falta de recursos y tiempo para organizar estas elecciones ha sido una constante crítica, con el instituto alertando sobre las limitaciones para garantizar un proceso equitativo.
Las campañas, que iniciaron el 30 de marzo y concluyeron el 28 de mayo, no lograron captar la atención ciudadana. Según estudios, la difusión tuvo un impacto mínimo, y la desconfianza persiste ante la percepción de un voto inducido por intereses políticos, rompiendo con el principio del voto libre.
En la Ciudad de México, la jornada transcurrió con un ambiente de esperanza en algunos sectores, pero también de escepticismo. En casillas como la de Benito Juárez, los votantes expresaron su deseo de un cambio en la justicia, aunque muchos admitieron no estar informados sobre los candidatos.
El conteo de votos, que podría extenderse hasta 10 días, será crucial para determinar si este experimento democrático fortalece o debilita la independencia judicial en México. Mientras tanto, el país observa con cautela los resultados de una elección que, lejos de unir, ha generado más dudas que certezas.