Este 1 de junio, México se enfrenta a una decisión sin precedentes: elegir por voto popular a los jueces que definirán el rumbo de la justicia en el país. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, afirmó que este proceso permitirá a los mexicanos decidir qué tipo de justicia quieren, marcando un hito en la historia del país. Pero detrás de esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se desata una tormenta de críticas y preocupaciones.
La reforma judicial, aprobada en 2024, convierte a México en el segundo país de América Latina, después de Bolivia, en elegir a sus magistrados de la Suprema Corte, jueces federales y funcionarios judiciales locales mediante elecciones populares. Este domingo, casi 100 millones de mexicanos están convocados a las urnas para seleccionar a 881 funcionarios federales y cerca de 2,000 estatales en 19 estados. Sin embargo, se estima que solo el 10% del padrón electoral participará, lo que plantea dudas sobre la representatividad de este proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido con vehemencia esta iniciativa. En una conferencia reciente, aseguró que renuncia a su derecho de designar ministros de la Corte porque “es el pueblo quien debe decidir”. Sin embargo, sus declaraciones han encendido las alarmas. Sheinbaum acusó a la Suprema Corte de actuar “fuera de sus facultades” durante el gobierno de Morena, bloqueando leyes aprobadas por el Congreso. Para ella, esta elección es una solución al nepotismo y a la liberación de delincuentes por parte del Poder Judicial.
Críticos de la reforma, como Stephanie Brewer de la Washington Office on Latin America, advierten sobre los peligros de politizar la justicia. La elección popular de jueces podría abrir la puerta a intereses políticos y a la influencia de la delincuencia organizada, afectando la protección de los derechos humanos y la seguridad. Según los detractores, este sistema no garantiza una justicia más democrática, sino que podría consolidar un control autoritario del oficialismo.
Antes de esta reforma, los jueces y magistrados eran seleccionados por el Consejo de la Judicatura Federal tras un riguroso examen de idoneidad. Los ministros de la Suprema Corte eran propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Congreso. Ahora, los candidatos son designados por comités evaluadores de los tres poderes del Estado, lo que genera sospechas sobre la imparcialidad del proceso. ¿Quiénes son estos candidatos? La opacidad en su selección ha sido uno de los puntos más criticados.
El oficialismo, liderado por Morena, asegura que esta reforma es una herramienta para combatir la impunidad y acercar la justicia al pueblo. Sin embargo, opositores argumentan que el proceso está diseñado para debilitar la independencia del Poder Judicial. La baja participación esperada y la falta de información clara sobre los candidatos alimentan el escepticismo. ¿Están los mexicanos realmente preparados para elegir a sus jueces?
El impacto de esta elección podría redefinir el equilibrio de poderes en México. Mientras el gobierno celebra este ejercicio como un avance democrático, expertos advierten que politizar la justicia podría tener consecuencias graves. La neutralidad de los jueces, clave para un sistema democrático, está en entredicho. Este domingo, México no solo elegirá jueces, sino que definirá el rumbo de su sistema judicial por décadas.
La controversia no termina en las urnas. La reforma ha generado divisiones profundas entre quienes ven en ella una oportunidad para renovar un sistema judicial corrupto y quienes temen que sea un paso hacia la concentración de poder. Lo que está en juego no es solo la justicia, sino la confianza en las instituciones democráticas del país.