El proceso electoral, realizado el 1 de junio de 2025, buscaba renovar cargos cruciales como la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 30 magistraturas, 55 plazas de jueces y cinco lugares en el Tribunal de Disciplina Judicial. La gobernadora Delfina Gómez, de Morena, había estimado una participación de entre 15% y 20%, pero los números reales quedaron muy por debajo de sus proyecciones. Esta diferencia refleja un posible exceso de optimismo en las expectativas del gobierno estatal.
A pesar de la baja participación, las autoridades electorales destacaron que no se reportaron incidentes graves durante la jornada. Más de 10 mil elementos de seguridad, entre fuerzas federales, estatales y municipales, se desplegaron para garantizar un entorno pacífico. Sin embargo, la falta de entusiasmo ciudadano podría cuestionar la legitimidad de los resultados y la representatividad de los nuevos funcionarios judiciales.
La Ley Seca, implementada en los 125 municipios del Estado de México desde el sábado 31 de mayo hasta el domingo 1 de junio, fue una de las medidas para asegurar el orden durante las votaciones. Municipios como Ecatepec, Toluca y Valle de Bravo confirmaron su aplicación, con sanciones que incluían multas de hasta 11 mil pesos, clausuras de negocios e incluso arrestos. Aunque la medida buscaba evitar disturbios, no parece haber incentivado una mayor participación.
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México trabajaron en conjunto para organizar este proceso extraordinario. A diferencia de elecciones tradicionales, no hubo Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo que retrasó la publicación de los resultados. Los cómputos distritales comenzaron a divulgarse a partir del 2 de junio y se espera que concluyan hasta el 12 de junio.
La elección permitió a los mexiquenses votar por cargos estatales y federales, recibiendo un total de 10 boletas electorales con colores específicos para cada tipo de cargo. Por ejemplo, la boleta rosa fue para elegir a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, mientras que la morada correspondió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sistema buscaba facilitar la identificación de los puestos a elegir.
La jornada electoral también contó con casillas especiales en municipios como Texcoco, Tlalnepantla, Toluca y Zumpango, destinadas a quienes estaban fuera de su sección electoral. Cada casilla especial dispuso de mil boletas, lo que generó largas filas en algunos puntos. El INE habilitó una plataforma digital para ubicar estas casillas, buscando facilitar el acceso al voto.
Organizaciones civiles y ciudadanos podrán participar en la revisión de los candidatos electos tras la elección, aportando información para detectar posibles irregularidades. Este mecanismo, impulsado por la presidenta del Consejo General del IEEM, Amalia Pulido Gómez, busca garantizar la transparencia y certeza del proceso. Sin embargo, la baja participación podría limitar el impacto de estas medidas.
La reforma al Poder Judicial, publicada el 6 de enero de 2025 en la Gaceta del Gobierno, estableció esta elección como un paso hacia una justicia más democrática. Sin embargo, la falta de interés ciudadano plantea preguntas sobre la efectividad de esta reforma. La apatía mostrada en las urnas podría reflejar un desencanto general con el sistema político o una falta de información sobre la importancia del proceso.
Este ejercicio histórico, aunque bien organizado, deja un sabor agridulce. La baja participación en el Estado de México, uno de los estados más poblados del país, sugiere que aún hay un largo camino por recorrer para involucrar a la ciudadanía en decisiones que moldean el futuro de la justicia. Los resultados de esta elección, que se conocerán en los próximos días, serán clave para evaluar el impacto real de esta reforma.