En esta jornada electoral, los mexiquenses elegirán 91 cargos del Poder Judicial estatal, incluyendo la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 30 magistraturas, cinco cargos en el Tribunal de Disciplina Judicial y 55 jueces en diversos juzgados. Además, se votará por cargos federales, como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrados del Tribunal Electoral. Los votantes recibirán un total de 10 boletas, cada una identificada por colores que representan diferentes cargos y especialidades, lo que hace este proceso más complejo que una elección tradicional.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha preparado un sistema para garantizar la transparencia del proceso. Las casillas abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los ciudadanos deberán acudir con su credencial de elector vigente. A diferencia de elecciones previas, no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni conteo rápido. Los resultados se darán a conocer de manera escalonada, comenzando con los cómputos distritales a partir de las 18:00 horas del 1 de junio y hasta el 10 de junio, según el cargo.
El conteo de votos será un proceso meticuloso. Las boletas se clasificarán por tipo de elección y se trasladarán a las juntas distritales, donde se realizará el cómputo bajo estrictos protocolos de seguridad. Del 1 al 3 de junio se contarán los votos para la presidencia de la Suprema Corte, mientras que entre el 3 y el 6 se procesarán los resultados de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral. Los cómputos de jueces y magistrados de circuito se extenderán hasta el 10 de junio, con un cómputo estatal programado para el 12 y 13 de junio.
La ausencia de un PREP ha generado críticas, ya que los ciudadanos no tendrán resultados inmediatos la noche de la elección. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que solo se compartirá un porcentaje estimado de participación ciudadana el día de la votación. Este retraso en los resultados finales, que podrían conocerse hasta el 15 de junio tras el cómputo general, ha levantado sospechas sobre la agilidad y transparencia del proceso.
La elección también está acompañada de medidas como la Ley Seca, aplicada en los 125 municipios del Estado de México desde las 00:00 del sábado 31 de mayo hasta las 23:00 del domingo 1 de junio. Esta restricción, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, bares y supermercados, busca garantizar una jornada pacífica. Municipios como Ecatepec, Toluca y Valle de Bravo ya confirmaron su adhesión, con sanciones que incluyen multas de hasta 14,000 pesos y clausuras para quienes incumplan.
Para facilitar la participación, el INE y el IEEM habilitaron plataformas digitales donde los ciudadanos pueden consultar los perfiles de los 201 candidatos, que incluyen 93 mujeres, 107 hombres y una persona no binaria. Estas herramientas ofrecen información sobre la trayectoria académica, profesional y propuestas de los aspirantes, buscando que los votantes tomen decisiones informadas. Sin embargo, persisten dudas sobre el conocimiento que los ciudadanos tienen de los candidatos y la complejidad de votar por múltiples cargos.
Este proceso electoral extraordinario, sin la participación de partidos políticos, pretende ser un ejercicio de democracia directa. Sin embargo, hay quienes cuestionan si realmente fortalecerá la justicia o si responde a intereses políticos. La falta de un conteo rápido y la demora en los resultados han alimentado el escepticismo, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones judiciales ya era baja, según datos del INEGI.
A pesar de las críticas, esta elección representa un experimento sin precedentes en México. Los mexiquenses tienen la oportunidad de incidir directamente en la conformación del Poder Judicial, una responsabilidad que podría definir el rumbo de la justicia en la entidad y el país. Los resultados, aunque tardíos, serán clave para evaluar si este modelo logra los objetivos de transparencia y participación ciudadana que promete.
La jornada del 1 de junio no solo es un ejercicio electoral, sino un reflejo de los retos y expectativas que enfrenta el sistema judicial mexicano. Mientras los ciudadanos acuden a las urnas, el país observa con atención este proceso que podría sentar un precedente para futuras reformas. La pregunta sigue en el aire: ¿será esta elección el comienzo de una justicia más cercana al pueblo o un capítulo más de controversia?