Este domingo 1 de junio, México vivió un hecho sin precedentes: la elección por voto popular de más de 2600 jueces y magistrados, desde la Suprema Corte hasta tribunales locales. Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, promete revolucionar el Poder Judicial. Pero, ¿es realmente un avance para la democracia o un golpe directo a su esencia?
La idea de que los ciudadanos elijan a los jueces suena atractiva. En teoría, da poder al pueblo para decidir quiénes impartirán justicia, haciendo a los jueces más responsables ante la sociedad. En un país donde dos tercios de la población considera corruptos a los jueces, según encuestas recientes, la propuesta de Morena busca limpiar un sistema judicial desprestigiado. Sin embargo, detrás de este discurso, se esconden riesgos que podrían cambiar el rumbo de la justicia en México.
El principal problema es la magnitud de esta elección. Sustituir a miles de jueces en un solo día, con poco tiempo para conocer a los candidatos, es una tarea titánica. Con 7700 aspirantes para 2600 puestos, los votantes enfrentan boletas con decenas de nombres desconocidos. Esto hace casi imposible tomar decisiones informadas, dejando espacio para que intereses políticos o incluso criminales influyan en el proceso.
Críticos advierten que esta reforma, lejos de democratizar, politiza la justicia. Los candidatos propuestos por el Ejecutivo y el Legislativo, ambos controlados por Morena, superan en número a los del Poder Judicial. Incluso los aspirantes presentados como “independientes” fueron seleccionados por un Senado dominado por el oficialismo, lo que cuestiona su imparcialidad. La magistrada María Emilia Molina, de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, denunció que los comités evaluadores no pudieron garantizar un proceso justo.
La reforma también despierta temores sobre la influencia de grupos de poder. Reportes indican que entre los candidatos hay personas con antecedentes penales o sospechosas de delitos graves. En un país donde los cárteles de la droga tienen un alcance preocupante, la elección popular podría abrir la puerta a que estos grupos coloquen a jueces afines a sus intereses, en lugar de combatir la corrupción como promete Morena.
La democracia no se trata solo de votar. Un sistema democrático sano necesita tribunales independientes que garanticen la aplicación de la ley, sin importar quién esté en el poder. Expertos como María Ballesteros, del Instituto de la Paz de Estados Unidos, advierten que un Poder Judicial controlado por el partido gobernante elimina un contrapeso esencial, debilitando las protecciones que hacen posible aceptar los resultados electorales, incluso en la derrota.
Ejemplos internacionales no son alentadores. En Turquía, el presidente Erdogan llenó los tribunales con aliados, usando la justicia para perseguir opositores. En Hungría, Viktor Orbán consolidó su poder con cambios similares. En México, el riesgo de una justicia al servicio del gobierno es real, especialmente cuando Morena busca movilizar a sus bases para dominar esta elección, mientras la participación ciudadana se estima entre un 5% y un 20%, muy por debajo del 61% de las elecciones presidenciales.
A pesar de las promesas de transparencia, el proceso electoral ha sido cuestionado. Las boletas no se contarán en las casillas, como es habitual, sino en juntas distritales, lo que genera dudas sobre la integridad del conteo. Además, la falta de campañas claras y la veda electoral limitan la información disponible, dejando a los votantes en desventaja frente a un sistema que parece diseñado para favorecer al oficialismo.
El impacto de esta elección va más allá de los tribunales. Los jueces electos decidirán sobre casos que afectan la vida diaria: desde custodias de hijos hasta feminicidios, pasando por abusos de autoridad o disputas laborales. También resolverán controversias electorales y protegerán derechos fundamentales. Si el proceso está viciado, la confianza en la justicia podría desplomarse aún más.
Mientras Morena celebra esta reforma como un triunfo popular, las críticas señalan que podría ser un paso hacia una democracia controlada. La pregunta sigue en el aire: ¿votar por los jueces fortalecerá la justicia o la someterá al poder político? Este domingo, México no solo eligió jueces, sino el rumbo de su democracia.