Por primera vez en la historia de México, los ciudadanos acudieron a las urnas este 1 de junio para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Un total de 99.7 millones de electores fueron convocados para seleccionar 881 cargos federales, incluyendo nueve posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este proceso, impulsado por la reforma constitucional del expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por Claudia Sheinbaum, prometía ser un hito democrático, pero ha levantado serias críticas.
La reforma, promulgada el 15 de septiembre de 2024, transformó la estructura del Poder Judicial. Ahora, la Suprema Corte se reduce de 11 a nueve ministros, con un mandato de 12 años en lugar de 15. La presidencia de la Corte será rotativa cada dos años, comenzando con quien obtenga más votos. Además, se creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y se eliminaron las Salas de la Suprema Corte, con sesiones que ahora deberán ser públicas.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. La oposición ha acusado al gobierno de Morena de diseñar una boleta confusa para favorecer a candidatos afines al oficialismo. Organismos internacionales, como la ONU, han expresado preocupación por una posible injerencia del Ejecutivo en los comicios, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar estas elecciones, enfrentó serios desafíos. Con un presupuesto limitado y poco tiempo para preparar un evento de esta magnitud, el INE instaló 83,997 casillas a nivel nacional. A pesar de esto, reportó que el 99.98% de las casillas operaron con normalidad, aunque la falta de recursos generó críticas por la ausencia de un conteo rápido o resultados preliminares la noche de la elección.
Otro punto oscuro es la denuncia de posibles nexos de algunos candidatos con el crimen organizado. La oposición ha señalado que al menos una veintena de aspirantes podrían tener vínculos con el narcotráfico, lo que ha encendido las alarmas sobre la integridad del proceso. Estas acusaciones, sumadas a la falta de transparencia en la selección de candidatos, han generado desconfianza en amplios sectores de la sociedad.
La jornada electoral también estuvo marcada por reportes de irregularidades. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió 95 denuncias por posibles anomalías, desde el inicio del proceso hasta el día de la votación. Esto ha alimentado las críticas sobre la legitimidad de los comicios y la capacidad del gobierno para garantizar un proceso limpio.
El conteo de votos, que se extenderá hasta el 12 de junio, será crucial para determinar los resultados finales. Sin embargo, la ausencia de un programa de resultados preliminares ha dejado un vacío de información, generando incertidumbre entre los ciudadanos que esperaban claridad inmediata sobre los nuevos integrantes del Poder Judicial.
A pesar de las promesas de fortalecer la democracia, estas elecciones judiciales han puesto en evidencia las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. La reforma, impulsada por Morena, ha sido vista por muchos como un intento de consolidar el control del gobierno sobre las instituciones, en un momento en que la confianza en las autoridades está en entredicho.
El impacto de estas elecciones no solo definirá el rumbo del Poder Judicial, sino que también marcará el tono de la relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las instituciones democráticas. Mientras los ciudadanos esperan los resultados, el debate sobre la independencia judicial y la calidad de la democracia en México sigue más vivo que nunca.