La elección judicial del 1 de junio de 2025, un ejercicio inédito en México para renovar 881 cargos del Poder Judicial, se ha visto empañada por una práctica que ha encendido las alarmas: el reparto masivo de “acordeones”. Estas guías, distribuidas tanto en físico como en digital, indican a los votantes por qué candidatos deben sufragar, lo que ha desatado críticas por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y observadores internacionales.
El INE ha reconocido que estas acciones, promovidas principalmente por grupos afines a Morena, representan una maniobra política que amenaza la libertad del voto. Los acordeones, que incluyen nombres y números específicos de candidaturas, han sido distribuidos en redes sociales, en la vía pública e incluso a través de chatbots en WhatsApp, como el de la cuenta “Democracia Judicial”.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha calificado estas prácticas como un reto para la democracia, equiparándolas a los llamados a no votar que buscan boicotear los comicios. Taddei ha insistido en que el voto debe ser libre y secreto, pero la circulación de estas guías sugiere intentos de manipulación que podrían beneficiar a candidatos cercanos al oficialismo.
El consejero Jaime Rivera fue más allá, señalando que el reparto de acordeones es una “maniobra política organizada y masiva” que ha manchado de manera indeleble este proceso electoral. Estas acciones, según Rivera, no solo vulneran la equidad en la contienda, sino que también cuestionan la legitimidad de los resultados que se obtengan en las urnas.
A pesar de las denuncias, el INE ha enfrentado dificultades para identificar a los responsables directos de estas prácticas. La autoridad electoral ha ordenado medidas cautelares para frenar la distribución de acordeones, incluyendo la eliminación de publicaciones en sitios web como vota.sireson.com, pero la falta de claridad sobre el origen de los recursos y los promotores complica las investigaciones.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) ya ha abierto carpetas de investigación tras recibir reportes del INE. Las sanciones por inducir o coaccionar el voto podrían incluir multas y hasta tres años de prisión, según la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Sin embargo, la magnitud del problema, con acordeones circulando en todo el país, ha generado preocupación sobre el impacto real en los comicios.
En redes sociales, figuras cercanas a Morena, como exfuncionarios y simpatizantes, han sido señaladas por promover estas guías. Incluso se han reportado casos en los que servidores públicos de gobiernos estatales, como el de Nuevo León, han distribuido acordeones, lo que ha intensificado las críticas sobre el uso de estructuras gubernamentales para influir en el voto.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha respaldado las medidas del INE, declarando ilegal la distribución masiva de acordeones, aunque aclaró que los ciudadanos pueden llevar notas personales para guiarse en la votación. Esta distinción busca proteger el derecho al voto libre, pero no mitiga las dudas sobre la integridad de un proceso que, desde su arranque, ha estado envuelto en controversia.
La elección judicial, que convoca a casi 100 millones de mexicanos a emitir hasta 51 votos en seis boletas federales y tres locales en algunos estados, ha sido criticada por su complejidad. Los acordeones, lejos de ser una simple herramienta de apoyo, se han convertido en un símbolo de las tensiones políticas que rodean este ejercicio, con acusaciones de que buscan consolidar el control del oficialismo sobre el Poder Judicial.
A horas de la jornada electoral, la incertidumbre persiste. Mientras el INE y el TEPJF intentan contener estas prácticas, el impacto de los acordeones en la decisión de los votantes sigue siendo una sombra sobre la legitimidad de esta elección histórica.