La Ciudad de México vivió este 1 de junio de 2025 un evento sin precedentes: la primera elección judicial en la capital, donde los ciudadanos tuvieron en sus manos la decisión de elegir a 137 jueces y magistrados del Poder Judicial local. Este proceso, impulsado por Morena, ha sido presentado como un paso hacia la democratización de la justicia, pero no ha estado exento de críticas y cuestionamientos.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) organizó esta jornada electoral, en la que los capitalinos recibieron nueve boletas: seis para cargos federales y tres para cargos locales, incluyendo jueces, magistraturas y el Tribunal de Disciplina Judicial. La complejidad del proceso, con un total de 614 candidatos compitiendo, generó confusión entre los votantes, quienes tuvieron que lidiar con una cantidad abrumadora de nombres y propuestas.
El gobierno de Morena, encabezado por Claudia Sheinbaum a nivel federal, ha promovido esta elección como una victoria para la democracia participativa. Sin embargo, detractores señalan que el proceso estuvo marcado por irregularidades, desde la selección de candidatos hasta la falta de claridad en la información proporcionada a los votantes. La oposición ha denunciado opacidad en la integración de los comités de evaluación, especialmente por la falta de paridad de género en algunos de ellos.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzó a operar tras el cierre de casillas, pero los resultados oficiales no se conocerán hasta dentro de un máximo de diez días, según el IECM. Este retraso ha generado críticas, ya que muchos consideran que un proceso tan relevante debería tener mayor agilidad para garantizar la confianza de la ciudadanía.
La elección judicial en la CDMX también ha sido cuestionada por la baja participación ciudadana. Reportes preliminares sugieren que la afluencia a las urnas fue menor a la esperada, lo que pone en duda la legitimidad de un ejercicio que Morena ha calificado como “histórico”. Algunos ciudadanos expresaron en redes sociales su descontento por la falta de campañas claras y accesibles para conocer a los candidatos.
Otro punto de controversia fue el costo del proceso. Se estima que se imprimieron casi 24 millones de boletas con un costo de 120 millones de pesos, debido a las medidas de seguridad como fibras ópticas y marcas de agua. Para muchos, este gasto resulta excesivo en un contexto de necesidades sociales más urgentes en la capital.
A pesar de las críticas, el gobierno capitalino insiste en que esta elección marca un antes y un después en la justicia mexicana. Los cargos electos, que incluyen 95 juzgados y 33 magistraturas, tendrán un impacto directo en cómo se imparte justicia en la ciudad, desde resoluciones en conflictos hasta la supervisión ética de los juzgadores.
El proceso no estuvo exento de incidentes. En algunas casillas se reportaron largas filas y problemas logísticos, lo que desanimó a algunos votantes. Además, la oposición ha señalado que la distribución de propaganda a favor de ciertos candidatos ligados a Morena pudo haber influido en la equidad de la contienda.
Mientras los capitalinos esperan los resultados, la elección judicial sigue generando un intenso debate. Para unos, es un avance hacia una justicia más cercana al pueblo; para otros, un experimento que carece de transparencia y pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
El próximo 1 de septiembre, cuando se den a conocer los resultados oficiales, se sabrá si este proceso realmente logró su objetivo de transformar la justicia en la Ciudad de México o si, por el contrario, solo profundizó las divisiones políticas en el país.