En un movimiento sin precedentes, ciudadanos y organizaciones civiles han convocado a una marcha nacional este 1 de junio, bautizada como “Domingo Negro”, para protestar contra la elección judicial impulsada por el gobierno de Morena. La movilización busca rechazar lo que consideran una farsa electoral que amenaza la independencia del Poder Judicial en México.
La marcha principal tendrá lugar en la Ciudad de México, partiendo del Ángel de la Independencia hacia el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana. Sin embargo, no es un evento aislado: se espera que las protestas se repliquen en ciudades como Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana, entre otras, mostrando un descontento generalizado.
Entre las voces que lideran esta causa está el expresidente Vicente Fox, quien ha hecho un llamado contundente a no participar en la votación. Según Fox, acudir a las urnas el 1 de junio no es ejercer un derecho democrático, sino legitimar un proceso manipulado que busca controlar la justicia mexicana para fines políticos.
La organización México Unido, una de las principales impulsoras de la marcha, ha calificado la elección como “amañada”. En redes sociales, el mensaje es claro: dejar las urnas vacías es un acto de conciencia, no de apatía. Los ciudadanos argumentan que el proceso carece de transparencia y que los candidatos, en su mayoría, no ofrecen garantías de imparcialidad.
El empresario Ricardo Salinas Pliego también se ha sumado al rechazo, llamando a un boicot total contra la votación. En sus redes sociales, señaló que participar en esta elección equivale a avalar un golpe de Estado y contribuir a la ruina del país. Sus palabras han resonado entre quienes ven la reforma judicial como un intento de Morena por consolidar su poder.
La elección del 1 de junio busca renovar 881 cargos federales, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de cientos de cargos locales en estados como Veracruz y Durango. Sin embargo, las críticas no se limitan al proceso, sino también a los candidatos, algunos de los cuales han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Organizaciones como Defensorxs han documentado casos de candidatos relacionados con el narcotráfico o irregularidades, lo que ha avivado las sospechas sobre la legitimidad del proceso. La ciudadanía teme que la elección popular de jueces, lejos de democratizar la justicia, abra la puerta a intereses políticos y criminales.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral ha defendido la organización de los comicios, aunque ha sido criticado por no garantizar información suficiente sobre los candidatos. La ministra Loretta Ortiz, candidata a la Suprema Corte, ha admitido que el proceso es un “ensayo y error” y que muchos ciudadanos desconocen cómo votar o quiénes son los aspirantes.
El “Domingo Negro” no solo es una protesta, sino un reflejo de la profunda desconfianza hacia una reforma que, según los manifestantes, pone en riesgo el Estado de derecho. Las urnas vacías, aseguran, serán un mensaje claro contra lo que consideran un ataque a la democracia mexicana.
A medida que se acerca la fecha, la tensión crece. La marcha promete ser un punto de inflexión en el debate sobre el futuro de la justicia en México, mientras el gobierno de Morena insiste en que la elección fortalecerá la democracia. La ciudadanía, dividida, enfrenta un dilema ético: participar o abstenerse en un proceso que definirá el rumbo del Poder Judicial.