Hoy, 99.7 millones de mexicanos están convocados a las urnas para elegir cargos judiciales en una elección que ha desatado una tormenta política. La reforma judicial, impulsada tras la victoria de Claudia Sheinbaum en 2024, prometía democratizar el Poder Judicial, pero el proceso ha sido un auténtico desastre. Desde un sorteo en tómbola que terminó con bolitas rodando por el suelo hasta candidatos con dudosos antecedentes, la jornada electoral de este domingo está marcada por la desconfianza y el desorden.
La génesis de esta crisis se remonta a la negativa de la Suprema Corte de Justicia a avalar leyes que debilitaban al INE y transferían la Guardia Nacional al Ejército. Tras la arrolladora victoria de Morena en el Congreso, Sheinbaum y su partido aceleraron la aprobación de la reforma en septiembre pasado. Sin embargo, la oposición, debilitada y fragmentada, no pudo detener el avance de una iniciativa que muchos consideran improvisada y peligrosa para la justicia en México.
El proceso de selección de candidatos ha sido un circo. El Senado recurrió a un sorteo caótico para definir quiénes competirían por los cargos judiciales. A pesar de los esfuerzos de comités del Ejecutivo, Legislativo y Judicial por filtrar a los aspirantes, organizaciones civiles han denunciado que muchos candidatos tienen antecedentes penales o vínculos con el crimen organizado. Esto ha generado una ola de críticas sobre la legitimidad de la elección.
La resistencia del Poder Judicial no se hizo esperar. Magistrados y jueces bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados en protesta por la reforma, forzando una votación en un gimnasio sin tablero ni verificación de quórum. Este acto de desafío evidenció la profunda división entre las instituciones mexicanas, con Morena acusando a los jueces de proteger privilegios y la oposición señalando un ataque a la independencia judicial.
Morena, sin la mayoría calificada en el Senado, recurrió a maniobras cuestionables para avanzar. Cooptaron a dos senadores perredistas, convencieron a un senador de Movimiento Ciudadano de ausentarse y lograron el voto del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a cambio de favores políticos. Estas tácticas han alimentado las acusaciones de autoritarismo y manipulación del proceso electoral.
El votante, atrapado en este torbellino, enfrenta un desafío adicional: debe escribir a mano el número de identificación de su candidato preferido en la boleta, clasificado por especialidad y género. Este sistema, confuso y poco práctico, ha generado temores de errores masivos y un conteo prolongado. El INE estima que el cómputo de votos podría tomar hasta 10 días debido a la complejidad del proceso.
La sombra del crimen organizado planea sobre la elección. Organismos civiles han alertado que la falta de filtros efectivos permitió la participación de aspirantes ligados a grupos delictivos. En un país donde la inseguridad sigue siendo una herida abierta, la posibilidad de que el Poder Judicial quede comprometido con estos intereses es un golpe directo a la confianza ciudadana.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum defiende la reforma como un paso hacia la justicia popular. Sin embargo, sus críticos argumentan que el proceso está diseñado para consolidar el control de Morena sobre las instituciones. La polarización está en su punto más alto, y esta elección podría definir el rumbo de la democracia mexicana en los próximos años.
El descontento no solo viene de la oposición. Incluso dentro del Poder Judicial, trabajadores de base han amenazado con huelgas, como en Jalisco, por recortes salariales mientras los ministros se otorgan privilegios. Este malestar interno refleja el caos que la reforma ha desatado, dejando al país en una encrucijada.
Hoy, mientras los mexicanos acuden a las urnas, el futuro del sistema judicial pende de un hilo. Entre la intuición de los votantes y las maniobras políticas, esta elección no solo decidirá quiénes impartirán justicia, sino si México puede recuperar la confianza en sus instituciones. El juego de “tín marín” nunca había tenido tanto en juego.