La elección judicial en México está a punto de abrir la caja de Pandora. La reforma impulsada por Claudia Sheinbaum y su mentor, Andrés Manuel López Obrador, ha levantado sospechas de ser una maniobra para consolidar el control del poder judicial. Según expertos, este proceso podría estar diseñado para favorecer a Morena, colocando a jueces y magistrados afines al régimen en posiciones clave. La sombra de la manipulación electoral planea sobre un sistema que debería garantizar justicia.
El plan de la 4T no es nuevo. Desde el sexenio de López Obrador, se han debilitado instituciones democráticas como el INE, el Tribunal Electoral y el INAI. La frase “al diablo con las instituciones” pronunciada por AMLO en 2006 parece haberse convertido en una realidad. Hoy, con Sheinbaum al frente, la estrategia parece continuar: controlar el poder judicial para perpetuar el dominio de Morena. La transparencia, según críticos, ha sido sacrificada en el altar de los intereses políticos.
Un punto alarmante es la presunta participación de candidatos ligados al crimen organizado. Informes señalan que al menos una veintena de aspirantes a jueces y magistrados tienen conexiones con narcos o han defendido a delincuentes. Estas acusaciones, respaldadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apuntan a una preocupante colusión entre el gobierno y el crimen organizado. La falta de respuesta contundente por parte de la Presidencia solo alimenta las sospechas.
El caso del Cártel Jalisco Nueva Generación es un ejemplo claro. Según reportes, este grupo criminal introduce combustible robado a Texas con la complacencia de autoridades mexicanas. Pemex, lejos de combatir el huachicoleo, parece permitir que el crimen organizado lucre con esta actividad. La narrativa oficial de la 4T insiste en “otros datos”, pero la realidad es innegable: la inseguridad y la corrupción siguen creciendo sin control.
En el ámbito internacional, la tensión con Estados Unidos no se queda atrás. Donald Trump, próximo a asumir la presidencia, ha acusado al gobierno de Sheinbaum de estar controlado por los cárteles. Sus amenazas de imponer medidas drásticas, como aranceles o sanciones, han generado nerviosismo en la 4T. Mientras tanto, México intensifica operativos contra migrantes y pequeños capos, en un intento desesperado por mostrar acción frente a las críticas del futuro presidente estadounidense.
La farsa automotriz del Olinia es otro capítulo de promesas vacías. Anunciado como un gran logro de la 4T, este proyecto carece de una red de refaccionarias y agencias de servicio. Los críticos lo comparan con el fallido Venirauto de Venezuela, un intento populista que terminó en desastre. La presentación del Olinia en el Estadio Azteca para el Mundial de 2026 parece más un espectáculo mediático que una realidad viable.
El gobierno de Sheinbaum también enfrenta críticas por su manejo de la justicia. La desaparición de un campo de restos óseos en el rancho Izaguirre, cerca de Guadalajara, ha indignado a colectivos de familias buscadoras. Este hallazgo macabro, que incluía sangre, zapatos y mochilas, fue minimizado por las autoridades. La falta de transparencia en este caso refleja una constante: el encubrimiento de la verdad para proteger la imagen del gobierno.
La invitación a líderes autoritarios como Vladimir Putin, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro a la toma de posesión de Sheinbaum ha sido otro punto de controversia. Mientras se excluyó a representantes de la Corona Española por no “pedir perdón”, la presencia de estos personajes refuerza la percepción de un gobierno alineado con regímenes cuestionados. La diplomacia de la 4T parece más un juego de alianzas ideológicas que una estrategia para el beneficio de México.
En el terreno de la seguridad, los números son devastadores. El sexenio de López Obrador cerró con casi 200 mil ejecuciones y 120 mil desaparecidos, aunque el gobierno insiste en manipular las cifras. La política de “abrazos, no balazos” ha sido señalada como una rendición ante el crimen organizado. La complicidad entre autoridades y narcos, según críticos, es el verdadero rostro de la 4T.
La elección judicial, la crisis de seguridad y los proyectos fallidos como el Olinia son solo la punta del iceberg. México enfrenta un panorama donde la democracia y la justicia están en riesgo. La narrativa de transformación choca con una realidad de opacidad, corrupción y promesas incumplidas. Mientras tanto, el país espera el impacto de las decisiones de un gobierno que parece más interesado en el poder que en el bienestar de sus ciudadanos.