En un nuevo capítulo de irregularidades en el sistema judicial de Chihuahua, justiciables han denunciado a una jueza por presuntos actos de corrupción que han manchado la impartición de justicia. Según testimonios, esta funcionaria ha utilizado su posición para favorecer intereses personales, dejando en evidencia la opacidad que persiste en el Poder Judicial.
Las acusaciones señalan que la jueza, cuya identidad no ha sido revelada, ha incurrido en prácticas indebidas, como el uso de información institucional para fines personales. Esto ha generado un profundo malestar entre quienes buscan justicia en los tribunales, pues consideran que estas acciones perpetúan la desconfianza en las instituciones.
Uno de los testimonios más contundentes proviene de Pam Loreto Pastrana, quien afirmó haber sido testigo de las irregularidades en el juzgado. Según su relato, la jueza no solo carece de la preparación necesaria para ocupar su cargo, sino que también ha sido señalada por actuar con favoritismos y manejos poco éticos.
Los señalamientos no son aislados. Otros justiciables han reportado casos similares, donde la jueza habría mostrado un desempeño deficiente, afectando la resolución de casos sensibles. Estas quejas han alimentado la percepción de que el sistema judicial en Chihuahua está lejos de garantizar imparcialidad.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial. La falta de transparencia y los presuntos nexos con intereses externos han llevado a los ciudadanos a exigir mayor escrutinio sobre los jueces y sus decisiones.
Además, se ha criticado la designación de esta jueza, quien, según fuentes, pasó de ser secretaria de acuerdos a ocupar un puesto de mayor responsabilidad sin la experiencia adecuada. Este tipo de ascensos, basados en influencias más que en méritos, son vistos como un reflejo de la crisis en el sistema.
El impacto de estas acusaciones trasciende el ámbito local. México ocupa el lugar 126 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, una cifra que pone en entredicho los avances en la lucha contra la opacidad en el gobierno.
Este escándalo se suma a otros casos que han sacudido al Poder Judicial en Chihuahua, donde la ciudadanía sigue enfrentando largos procesos burocráticos y costosos litigios. La sensación de impunidad y la falta de acción concreta agravan la desconfianza hacia las autoridades.
Las víctimas de estas irregularidades han expresado su frustración por los retrasos en los casos, que pueden extenderse de tres a ocho años. Esta situación, sumada a los costos económicos y emocionales, pone en evidencia un sistema que parece estar más al servicio de unos pocos que de la justicia.
La indignación crece en Chihuahua, donde los justiciables exigen que se investiguen a fondo estas acusaciones y se tomen medidas para garantizar un Poder Judicial íntegro. Mientras tanto, el caso de esta jueza sigue siendo un recordatorio de los retos que enfrenta México en su búsqueda de un sistema de justicia equitativo.