En un contexto de creciente inseguridad, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que 182 candidatos a alcaldías y cinco aspirantes a cargos judiciales han solicitado protección ante las autoridades debido a las amenazas que enfrentan rumbo a las elecciones del 1 de junio. La mayoría de estas solicitudes provienen de Veracruz, un estado donde la violencia electoral ha escalado de manera alarmante.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que 179 de los candidatos que pidieron seguridad son de Veracruz, mientras que los tres restantes son de Durango. Estos estados concentran elecciones locales y judiciales simultáneamente, lo que ha incrementado la tensión en la contienda electoral. La falta de medidas efectivas por parte del gobierno para contener la violencia ha dejado a los aspirantes en una situación de vulnerabilidad extrema.
A nivel federal, el panorama no es menos preocupante. Durante la etapa de campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros, se registraron cinco solicitudes de protección, y otras nueve fueron notificadas recientemente. El INE aseguró que estas peticiones están siendo atendidas de inmediato, en coordinación con las autoridades de seguridad, pero los tiempos de respuesta generan incertidumbre entre los candidatos.
El aumento de la violencia electoral pone en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de quienes buscan un cargo público. En Veracruz, la reciente muerte de una candidata de Morena en Texistepec, junto con tres personas más, ha conmocionado a la sociedad y ha intensificado las críticas hacia las autoridades por su inacción frente a la delincuencia organizada.
A pesar de los esfuerzos del INE por organizar un proceso electoral transparente, la sombra de la inseguridad amenaza con socavar la confianza en las elecciones. La instalación de 83 mil 975 casillas en el país está en marcha, pero en Chiapas, nueve centros de votación no podrán operar debido a problemas de seguridad, lo que agrava aún más el escenario.
El proceso electoral extraordinario para renovar cargos judiciales, un ejercicio inédito en México, también está bajo presión. Los cinco aspirantes a juzgadores que solicitaron protección reflejan el temor que permea incluso en quienes buscan integrarse al Poder Judicial. La falta de una estrategia clara por parte del gobierno federal para contrarrestar esta ola de violencia pone en riesgo la legitimidad del proceso.
Mientras tanto, el INE ha acreditado a 170 mil observadores electorales para vigilar los comicios, aunque más de 40 mil solicitudes fueron rechazadas por tratarse de militantes de partidos o funcionarios, lo que demuestra los retos para garantizar la imparcialidad. La ciudadanía, en tanto, observa con preocupación cómo la violencia sigue marcando el rumbo de las elecciones.
El próximo 1 de junio, Veracruz elegirá 212 alcaldes, síndicos, regidores y cargos judiciales, mientras que Durango también celebrará elecciones locales. Sin embargo, la inseguridad sigue siendo el principal obstáculo para un proceso democrático libre y seguro. La pregunta que persiste es si las autoridades podrán responder a tiempo para proteger a los candidatos y garantizar la integridad de los comicios.