En un giro preocupante, el gobierno de Veracruz, encabezado por la morenista Rocío Nahle, retiró la protección a 170 candidatos que habían solicitado seguridad ante la creciente violencia electoral. A solo un día de los comicios del 1 de junio, esta decisión ha encendido las alarmas entre los partidos políticos, que denuncian un entorno de inseguridad que pone en riesgo la integridad de los aspirantes y el proceso democrático.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal, liderada por Alfonso Reyes Garcés, justificó la medida argumentando que algunos candidatos no proporcionaron datos de contacto actualizados, lo que dificultó la coordinación de los protocolos de seguridad. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los partidos de oposición, que señalan la falta de compromiso del gobierno morenista para garantizar un proceso electoral seguro.
El estado de Veracruz se encuentra en el ojo del huracán por los constantes episodios de violencia política. En las últimas semanas, se han reportado agresiones, amenazas e incluso asesinatos de candidatos y sus equipos de campaña. Municipios como Tantoyuca, Juan Rodríguez Clara y Texistepec han sido escenario de ataques armados que han dejado víctimas mortales, incluyendo a la fotoperiodista Avisack Douglas.
Organizaciones como Data Cívica han documentado al menos 18 casos de violencia electoral en Veracruz durante abril, posicionando al estado como uno de los más peligrosos para los aspirantes políticos. La situación es tan grave que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) han identificado 58 municipios en nivel tres de riesgo por la presencia del crimen organizado.
La decisión de retirar la seguridad a los candidatos ha sido calificada como irresponsable por líderes de oposición, como Adolfo Ramírez Arana, dirigente del PRI en Veracruz. Ramírez acusó al gobierno de Nahle de haber perdido el control del estado, permitiendo que las amenazas y la violencia se intensifiquen en el proceso electoral.
Casos como el de Amparo Hernández, candidata del Partido Verde en Acajete, quien denunció que hombres armados intimidaron a su equipo, o el de Lucero del Ángel, candidata de Morena en Tempoal, cuyo vehículo fue destrozado, reflejan el clima de temor que enfrentan los aspirantes. Estas agresiones han llevado a varios candidatos a renunciar a sus candidaturas por miedo a represalias.
La Arquidiócesis de Xalapa y figuras como Xóchitl Gálvez han criticado la estrategia de seguridad del gobierno, señalando que la política de “abrazos, no balazos” ha fracasado y ha dejado al país “bañado en sangre”. Los partidos de oposición exigen medidas urgentes para proteger a los candidatos y garantizar que los ciudadanos puedan votar sin miedo.
A pesar de las promesas del gobierno federal de desplegar a la Guardia Nacional en zonas de riesgo, la falta de acción concreta en Veracruz ha generado escepticismo. La jornada electoral del 1 de junio, en la que se elegirán 212 alcaldes, síndicos, regidores y cargos judiciales, se perfila como una de las más tensas en la historia reciente del estado.
La violencia electoral no solo amenaza la vida de los candidatos, sino también la confianza en el proceso democrático. Con el crimen organizado buscando influir en los comicios, el retiro de la seguridad a los aspirantes pone en evidencia las fallas del gobierno de Morena en Veracruz para enfrentar esta crisis.
Mientras los veracruzanos se preparan para acudir a las urnas, la incertidumbre y el miedo persisten. La integridad del proceso electoral está en juego, y la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades estatales agrava un panorama ya de por sí alarmante.