La oposición en Durango ha levantado la voz contra una situación que consideran alarmante: la presunta presencia de militares vestidos de civil en los consejos municipales durante la jornada electoral de este domingo. Según el Partido Acción Nacional (PAN), el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango habría solicitado esta intervención sin notificar a los partidos políticos, lo que genera sospechas sobre las intenciones detrás de esta decisión.
La denuncia fue encabezada por figuras clave del PAN, como Noemí Luna, vicecoordinadora del grupo parlamentario, y Mario Salazar, dirigente estatal del partido. Ambos exigieron al presidente del IEPC, Roberto Herrera, que aclare quién autorizó la presencia de estos elementos, cuándo se tomó la decisión y con qué justificación. La falta de transparencia en este proceso ha encendido las alarmas entre los opositores, quienes ven esta acción como una amenaza a la certeza electoral.
En un comunicado, el PAN señaló que la intervención militar en los consejos municipales es una decisión grave que pone en riesgo la integridad del proceso electoral. La presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sin uniforme, y sin el conocimiento de los partidos, podría interpretarse como un intento de intimidación o control indebido en las elecciones locales, según los denunciantes.
Por su parte, la senadora panista Carolina Beauregard fue más allá y calificó esta situación como un avance de una “dictadura morenista” que actúa sin disimulo. Sus declaraciones reflejan la preocupación de la oposición sobre una posible militarización del proceso electoral, un tema que ha sido recurrente en las críticas hacia el gobierno federal y sus aliados en los últimos años.
El contexto de estas elecciones en Durango es crucial, ya que, junto con Veracruz, es uno de los dos estados que celebran comicios locales este domingo. Los duranguenses elegirán a sus autoridades municipales, en un proceso que debería garantizarse como libre y transparente. Sin acquisto, las acusaciones de la oposición sugieren que podría haber intentos de influir en los resultados desde las instancias oficiales.
La falta de claridad por parte del IEPC ha generado un clima de desconfianza. Los partidos de oposición argumentan que cualquier intervención de las fuerzas armadas en un proceso electoral debe ser notificada y consensuada con todas las fuerzas políticas. La omisión de este paso pone en entredicho la imparcialidad de las autoridades electorales en el estado.
Voces críticas también han cuestionado qué papel jugarían estos militares vestidos de civil dentro de los consejos municipales. La ausencia de una explicación oficial alimenta especulaciones sobre posibles actos de vigilancia o presión hacia los funcionarios electorales, lo que podría comprometer la autonomía de los órganos encargados de contar los votos.
La oposición ha insistido en que el IEPC debe rendir cuentas de inmediato para evitar que estas acusaciones escalen aún más. Mientras tanto, el ambiente previo a la jornada electoral en Durango se tensa, con los partidos exigiendo garantías de que los comicios se llevarán a cabo sin irregularidades ni presiones externas.