La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, junto con la comisaria Marta Kos, ha criticado duramente la reciente aprobación de la ley de agentes extranjeros en Georgia, calificándola como un retroceso significativo para la democracia en el país. Esta normativa, que obliga a organizaciones y medios con más del 20% de financiación extranjera a registrarse como “agentes de influencia extranjera”, ha generado preocupación en Bruselas por su impacto en las aspiraciones de Georgia de unirse a la Unión Europea.
La ley, aprobada por el Parlamento georgiano pese al veto de la presidenta Salomé Zurabishvili, ha sido comparada con legislaciones similares en Rusia, utilizadas para reprimir a medios independientes y organizaciones críticas. La Unión Europea considera que esta medida amenaza la libertad de expresión y la sociedad civil, elementos clave para la integración al bloque europeo.
En un comunicado conjunto, Kallas y Kos señalaron que la responsabilidad de este paso atrás recae únicamente en las autoridades georgianas. La normativa, según la Unión Europea, no solo pone en riesgo el proceso de adhesión de Georgia, sino que también debilita los principios democráticos que el país ha prometido defender en su camino hacia Europa.
Las protestas en las calles de Tiflis, la capital de Georgia, han sido masivas durante semanas, con miles de ciudadanos manifestándose contra la ley, que muchos llaman “ley rusa” por sus similitudes con la legislación del Kremlin. Las manifestaciones han enfrentado una dura represión policial, lo que ha intensificado las tensiones en el país.
La presidenta Zurabishvili, una firme defensora de la integración europea, ha intentado frenar la ley con su veto, pero el partido gobernante, Sueño Georgiano, logró anularlo gracias a su mayoría parlamentaria. Este movimiento ha generado críticas no solo en Georgia, sino también en la comunidad internacional, que ve en la ley un intento de acercar al país a la órbita de Rusia.
La Unión Europea ha instado a las autoridades georgianas a revertir esta decisión y a liberar a los manifestantes detenidos injustamente. Según Bruselas, la ley pone en peligro los avances logrados por Georgia desde que se le otorgó el estatus de candidato a la adhesión en diciembre de 2023.
El partido Sueño Georgiano defiende la ley argumentando que busca garantizar la transparencia y proteger la soberanía nacional frente a influencias extranjeras. Sin embargo, opositores y analistas advierten que la normativa podría ser utilizada para silenciar a medios y organizaciones no gubernamentales críticas con el gobierno.
Las relaciones entre Georgia y la Unión Europea atraviesan un momento crítico. La aprobación de esta ley podría congelar las negociaciones de adhesión, un proceso que cuenta con el respaldo de entre el 80% y el 85% de la población georgiana, según encuestas recientes.
La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, también ha expresado su preocupación. Funcionarios estadounidenses han advertido que la aplicación de esta ley podría llevar a restricciones financieras y de viaje contra los responsables, además de comprometer las relaciones bilaterales con Georgia.
A medida que se acercan las elecciones parlamentarias de octubre en Georgia, la polarización en el país se intensifica. La presidenta Zurabishvili ha anunciado la creación de una plataforma opositora para unir a los partidos que apoyan la integración europea, en un intento de contrarrestar la influencia del partido gobernante y su deriva autoritaria.