En un nuevo caso que sacude a Chihuahua, la maestra Lizbeth Lucero Zapién Urbina fue brutalmente asesinada en su hogar en Parral, apenas una semana después de haber denunciado a su agresor por violencia familiar. El crimen, perpetrado el 20 de mayo, expone una vez más la ineficiencia de las autoridades para proteger a las mujeres que alzan la voz contra la violencia.
Lucero, de 46 años, fue encontrada sin vida en su domicilio, con signos de estrangulamiento, heridas en la cabeza y una lesión por arma blanca en el cuello. Su cuerpo fue hallado en la regadera, tras la alerta de sus compañeros de trabajo por su inasistencia. La necropsia confirmó un traumatismo craneoencefálico como causa de muerte, junto con evidentes huellas de violencia.
El principal sospechoso es Gustavo Alonso Chávez Chávez, su expareja y también docente, quien ya había sido denunciado por intentar quemarla viva. A pesar de la gravedad de la acusación, las autoridades solo impusieron medidas cautelares que nunca se cumplieron. Chávez, director de una primaria en Jiménez, permanece prófugo, dejando tras de sí un rastro de indignación y exigencias de justicia.
La diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, ha alzado la voz para condenar este feminicidio y otro ocurrido en Guachochi en menos de 24 horas. La legisladora señaló la lentitud y desinterés de las autoridades como factores que perpetúan la impunidad, permitiendo que los agresores actúen sin temor a consecuencias.
Portillo denunció que la maestra Lucero había solicitado ayuda tras agresiones previas, pero las instituciones no actuaron con la urgencia necesaria. Esta omisión, según la diputada, refleja un sistema que abandona a las mujeres, dejándolas vulnerables ante agresores que usan la misoginia como arma y la impunidad como escudo.
La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) ha iniciado una investigación interna para revisar la actuación del Ministerio Público y otros funcionarios involucrados. La fiscal Wendy Chávez admitió que se dio vista a Asuntos Internos para esclarecer si hubo negligencia en el caso, pero las respuestas llegan tarde para Lucero y su familia.
Colectivos feministas han calificado el silencio de las autoridades como un crimen en sí mismo. Exigen una investigación con perspectiva de género y la captura inmediata del responsable. La indignación crece ante un sistema judicial que, una vez más, falla en proteger a las víctimas incluso cuando los agresores ya están identificados.
Este caso se suma a una dolorosa lista de feminicidios en México, donde la violencia de género sigue siendo una emergencia desatendida. La muerte de Lucero no es un hecho aislado, sino un reflejo de las deficiencias institucionales que permiten que la violencia contra las mujeres continúe sin freno.
La sociedad chihuahuense, junto a las familias de las víctimas, exige justicia y un cambio profundo en la forma en que se abordan estos crímenes. Cada día de inacción, como señaló Portillo, es una confesión de complicidad por parte de las instituciones que deberían garantizar seguridad.
La tragedia de Lucero Zapién es un recordatorio de que la lucha contra la impunidad y la violencia de género no puede esperar. Las mujeres merecen vivir sin miedo, y sus denuncias deben ser atendidas con la seriedad y urgencia que salvan vidas.