Un juez federal en California ha bloqueado la intención del gobierno de Donald Trump de invalidar los permisos de trabajo de aproximadamente cinco mil venezolanos amparados por el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión, emitida este sábado, representa un nuevo revés para las políticas migratorias de la administración republicana, que busca restringir las protecciones legales para migrantes en el país.
El fallo proviene del juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito de San Francisco, quien determinó que la acción del gobierno violaba las normativas legales y podría causar un daño irreparable a los beneficiarios del TPS. Este programa permite a migrantes de países en crisis, como Venezuela, vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras sus naciones enfrentan condiciones inseguras.
La administración Trump, liderada en este caso por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había argumentado que el TPS para venezolanos iba en contra del “interés nacional” de Estados Unidos. Noem anunció en febrero que las protecciones para estos migrantes serían eliminadas, lo que habría dejado a miles sin estatus legal a partir de abril.
El juez Chen, en su resolución, destacó que la decisión de la Casa Blanca carecía de fundamentos legales sólidos. Además, señaló que los venezolanos beneficiarios del TPS han hecho contribuciones significativas a la economía y la sociedad estadounidense, con bajas tasas de criminalidad y altos niveles de educación y empleo.
Organizaciones de defensa de migrantes, como el Venezuelan American Caucus, celebraron la decisión judicial. Adelys Ferro, directora ejecutiva de la organización, expresó su alivio y agradeció al sistema judicial por proteger los derechos de la comunidad venezolana en un momento de incertidumbre.
El fallo no solo preserva los permisos de trabajo de estos cinco mil venezolanos, sino que también mantiene vigente el TPS para un grupo más amplio de aproximadamente 350 mil beneficiarios. Sin embargo, la batalla legal está lejos de terminar, ya que el gobierno de Trump ha apelado la decisión y el caso podría escalar nuevamente a la Corte Suprema.
La administración republicana ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar programas migratorios como el TPS y el Parole Humanitario, que benefician a cientos de miles de personas de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Estas políticas han generado controversia, con críticas de activistas que acusan al gobierno de actuar con motivaciones políticas y discriminatorias.
Por ahora, los venezolanos afectados por el fallo pueden continuar sus vidas en Estados Unidos sin el temor inmediato de perder su estatus legal. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que el futuro del TPS dependerá de las próximas resoluciones judiciales y de las acciones de la Casa Blanca.
Este caso refleja las tensiones actuales en la política migratoria estadounidense, donde los tribunales han jugado un papel clave en frenar medidas ejecutivas. La comunidad venezolana, mientras tanto, sigue a la espera de una solución permanente que les garantice estabilidad en el país.
La decisión del juez Chen es un recordatorio de la importancia del debido proceso en las políticas migratorias. Aunque el gobierno de Trump insiste en su autoridad para reformar el sistema, los tribunales han demostrado que las decisiones deben cumplir con las leyes establecidas.