En un hecho sin precedentes, cerca de dos mil mujeres en prisión preventiva en México quedarán excluidas de participar en la histórica elección judicial del 1 de junio. Esta decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) ha desatado críticas por considerar que se vulneran los derechos de estas personas, muchas de las cuales no han sido sentenciadas y podrían ser inocentes.
La elección del próximo domingo marcará un hito al permitir que los ciudadanos elijan a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, las mujeres en prisión preventiva no tendrán voz en este proceso, a pesar de que la Constitución mexicana garantiza el derecho al voto a todos los ciudadanos, salvo en casos de sentencia firme.
Organizaciones civiles han alzado la voz contra esta exclusión, argumentando que la prisión preventiva no equivale a una condena y que muchas de estas mujeres enfrentan procesos judiciales prolongados sin resolución. La mayoría de ellas están encarceladas por delitos no graves, lo que pone en entredicho la justicia de su situación.
El INE ha justificado esta medida señalando que las personas en prisión preventiva no cuentan con las condiciones para ejercer su voto, pero no ha especificado cómo se garantizará este derecho en el futuro. Esta omisión ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la equidad del proceso electoral judicial.
Defensoras de derechos humanos han destacado que esta exclusión afecta de manera desproporcionada a mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas de las cuales enfrentan condiciones precarias en los penales. La falta de acceso a la justicia y la lentitud en los procesos legales agravan su situación, dejándolas en un limbo jurídico.
El caso ha reavivado el debate sobre la prisión preventiva en México, una medida que ha sido criticada por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH ha señalado que su uso excesivo viola la presunción de inocencia, un problema que parece reflejarse en esta exclusión electoral.
Mientras el país se prepara para una elección que promete democratizar el Poder Judicial, la decisión de marginar a estas mujeres pone en evidencia las fallas del sistema penitenciario y electoral. La falta de mecanismos para garantizar su participación plantea serias dudas sobre la inclusión en este proceso histórico.
Organizaciones no gubernamentales han exigido al INE y a las autoridades penitenciarias que revisen esta medida y busquen alternativas para que las mujeres en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto. Sin embargo, a pocos días de la elección, parece poco probable que se implementen cambios.
Este escenario refleja los retos que enfrenta México en su búsqueda por fortalecer la democracia y garantizar los derechos de todos sus ciudadanos. La exclusión de estas mujeres no solo afecta su participación política, sino que también pone en el centro del debate la necesidad de una reforma al sistema de justicia penal.
La elección judicial del 1 de junio será un parteaguas, pero también un recordatorio de que la justicia y la igualdad aún tienen un largo camino por recorrer en el país. La situación de estas mujeres presas es una señal de que las promesas de inclusión no siempre se traducen en acciones concretas.