La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha lanzado un ultimátum al gobierno mexicano: suspender de inmediato las elecciones judiciales previstas para este domingo 1 de junio. Este proceso, impulsado por el oficialismo, busca que los ciudadanos elijan por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, pero ha desatado una tormenta de críticas y preocupaciones a nivel nacional e internacional.
La petición de los jueces se basa en una advertencia contundente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ha señalado posibles violaciones a los derechos humanos y a la independencia judicial. En un comunicado, la asociación informó que el organismo internacional aceptó una queja presentada junto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, acusando al gobierno de promover una reforma que amenaza la autonomía del Poder Judicial.
El Comité de la ONU no solo ha cuestionado el proceso, sino que también ha exigido al Estado mexicano adoptar medidas urgentes para proteger a magistrados y jueces. Según el organismo, estos funcionarios enfrentan riesgos de intimidación o represalias por su colaboración con el sistema internacional de derechos humanos. La advertencia pone en evidencia un contexto de tensión que podría comprometer la seguridad de quienes integran el sistema judicial.
La reforma, encabezada por el partido gobernante Morena, propone que 881 cargos judiciales federales, incluyendo nueve puestos en la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular. Este cambio, presentado como una medida para democratizar la justicia, ha sido duramente cuestionado por académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales. Los críticos aseguran que este sistema pone en peligro la imparcialidad de los jueces y abre la puerta a influencias políticas.
La Asociación de Jueces sostiene que la elección popular representa un ataque directo a la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. Según su comunicado, continuar con el proceso electoral ignorando las advertencias de la ONU sería una violación grave de las obligaciones internacionales de México. Este señalamiento coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum en una posición delicada frente a la comunidad internacional.
El proceso electoral ha generado controversia desde su aprobación en septiembre de 2024, tras una reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La coalición Sigamos Haciendo Historia, liderada por Morena, logró una supermayoría en el Congreso para respaldar esta iniciativa, que también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y establece términos renovables de nueve años para jueces y magistrados.
Las críticas no solo vienen de los jueces. Organismos como la ONU y asociaciones civiles han alertado sobre el riesgo de que el crimen organizado interfiera en estas elecciones, especialmente en un contexto de violencia generalizada en varias regiones del país. La posibilidad de que candidatos sin experiencia o con vínculos cuestionables lleguen a cargos judiciales ha encendido las alarmas.
La Asociación de Jueces ha hecho un llamado enérgico al gobierno federal para detener este proceso mientras el caso se resuelve en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según los magistrados, la comunidad internacional está observando de cerca, y las decisiones que tome México podrían tener consecuencias profundas para la democracia y el Estado de derecho.
El próximo domingo, casi 100 millones de mexicanos están convocados a participar en estas elecciones históricas, organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre y las advertencias internacionales podrían cambiar el rumbo de este experimento judicial que, según sus detractores, amenaza con desestabilizar el equilibrio de poderes en el país.
La batalla por el futuro del Poder Judicial está en su punto más crítico. Mientras los jueces y la ONU alzan la voz, el gobierno de Morena enfrenta un dilema que podría definir el rumbo de la justicia en México. ¿Cumplirá con las exigencias internacionales o seguirá adelante con una reforma que muchos consideran un riesgo para la democracia?