México está a punto de hacer historia con un experimento único en el mundo: la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Este 1 de junio, los ciudadanos decidirán quiénes ocuparán más de 800 cargos en el Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte. Sin embargo, esta reforma, impulsada por Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha desatado una tormenta de críticas por los riesgos que representa para la independencia judicial y el equilibrio entre los poderes del Estado.
La idea de llevar la justicia a las urnas suena atractiva: democratizar un sistema que muchos consideran opaco y elitista. Según el oficialismo, elegir jueces por voto popular garantizará transparencia y combatirá la corrupción. Pero los expertos advierten que este proceso podría politizar la justicia, dejando a los jueces vulnerables a presiones de partidos, grupos de poder e incluso del crimen organizado. La falta de experiencia de muchos candidatos y la complejidad del proceso electoral solo alimentan las dudas.
El proceso es tan inédito como caótico. Los ciudadanos enfrentarán hasta seis boletas con decenas de nombres, muchos desconocidos. Organizaciones como Defensorxs han señalado que al menos 13 candidatos tienen vínculos con el narcotráfico, delitos sexuales o sectas político-religiosas. Un caso destacado es el de Silvia Rocío Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien aspira a ser jueza en Chihuahua. Estas revelaciones han encendido las alarmas sobre la calidad de los filtros aplicados por el gobierno.
La reforma, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y respaldada por Sheinbaum, fue aprobada en septiembre de 2024 tras un intenso debate en el Congreso. Morena logró la mayoría calificada con el apoyo de un voto panista, lo que permitió modificar la Constitución. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversias: manifestaciones irrumpieron en el Senado y miles de trabajadores judiciales iniciaron un paro indefinido en rechazo a la reforma, argumentando que destruirá la carrera judicial.
El Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar estas elecciones, ha intentado facilitar el proceso con un sitio web llamado “Conoceles”, donde los candidatos presentan sus propuestas. Pero las campañas han sido opacas, con candidatos que apenas tienen recursos para darse a conocer. Esto ha llevado a críticas de que solo aquellos con respaldo político o económico podrán destacar, dejando a los votantes con poca información para decidir.
Organismos internacionales, como Naciones Unidas y Human Rights Watch, han expresado su preocupación. Argumentan que someter a los jueces al voto popular puede comprometer su imparcialidad, especialmente en un país donde el crimen organizado tiene un fuerte alcance. En Estados Unidos, donde algunos jueces estatales son electos, el sistema no se aplica a nivel federal, lo que hace que el caso mexicano sea aún más radical.
El oficialismo insiste en que esta reforma es un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, las encuestas predicen una participación electoral baja, de apenas el 15%. Muchos ciudadanos se sienten abrumados por la complejidad de las boletas y la falta de información sobre los candidatos. Esto plantea un dilema: ¿puede una elección así garantizar una justicia más transparente o solo abrirá la puerta a la manipulación?
A dos días de la elección, México se encuentra en una encrucijada. La promesa de un Poder Judicial más democrático choca con el temor a un sistema politizado y vulnerable. Mientras Morena celebra este cambio como un triunfo, las críticas no cesan. Lo que ocurra este 1 de junio no solo definirá el futuro de la justicia mexicana, sino también el equilibrio de poderes en el país.