En un operativo sin precedentes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México capturó a 23 personas involucradas en redes de despojo de propiedades, un delito que azota a miles de familias en la entidad. Entre los detenidos hay notarios, servidores públicos estatales y municipales, así como miembros de supuestos sindicatos que operan con violencia y engaño.
La operación, bautizada como Restitución, se desplegó en 14 municipios, principalmente en el Valle de México y la zona oriente. Los grupos delictivos, autodenominados sindicatos como USON, GOPEZ, Los 300, 22 de octubre y Los Gastones, se dedicaban a invadir casas, locales comerciales y terrenos, aprovechándose de la vulnerabilidad de los propietarios.
Entre los detenidos destacan tres notarios públicos, señalados por emitir documentos falsos para legalizar despojos. También hay cinco servidores públicos del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y cuatro funcionarios municipales de áreas como Catastro y Desarrollo Urbano, acusados de abuso de autoridad y complicidad.
La Fiscalía mexiquense reveló que estos grupos operaban con un modus operandi claro: identificaban propiedades deshabitadas o en abandono, cambiaban cerraduras o usaban violencia para desalojar a los ocupantes. Luego, con apoyo de funcionarios corruptos, regularizaban ilegalmente los inmuebles para venderlos o extorsionar a las víctimas.
En Ecatepec, por ejemplo, el grupo Los 300 está bajo investigación no solo por despojo, sino también por homicidios, extorsión y narcotráfico. Se sospecha que contaban con la protección de altos funcionarios de la administración municipal anterior, lo que agrava la red de corrupción.
En Chalco, el sindicato 22 de octubre se enfocaba en viviendas de personas vulnerables, como adultos mayores, mientras que Los Gastones operaban en Chalco y Valle de Chalco, extendiendo su influencia hasta la Ciudad de México. Su líder fue recientemente detenido.
La Operación Restitución ha permitido recuperar más de 300 inmuebles desde abril, pero el problema persiste. En lo que va del año, se han registrado más de 6 mil denuncias por despojo en el Estado de México, equivalente a 14 casos diarios, según datos oficiales.
Las investigaciones continúan para identificar a más involucrados, incluyendo servidores públicos de alto nivel. La Fiscalía asegura que no habrá impunidad para quienes, desde el poder, han facilitado este delito que despoja a las familias de su patrimonio.
El caso ha puesto en evidencia la magnitud del problema en el Estado de México, donde el despojo se ha convertido en una epidemia silenciosa. La participación de autoridades municipales y estatales en estas redes delictivas genera indignación entre los ciudadanos.
La lucha contra el despojo apenas comienza, pero las autoridades prometen seguir desmantelando estas estructuras criminales. Mientras tanto, los mexiquenses exigen justicia y la devolución de sus propiedades a los legítimos dueños.