El próximo 1 de junio, México vivirá un proceso electoral histórico al elegir por primera vez a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. Sin embargo, la falta de información sobre los 3,422 candidatos que compiten por 881 cargos ha encendido las alarmas entre expertos, quienes advierten que este desconocimiento podría facilitar la injerencia política en el Poder Judicial.
Organizaciones como Justicia Común A.C. han denunciado que se está difundiendo información para favorecer a candidatos presuntamente ligados a Morena, el partido en el poder. Esta situación pone en riesgo la imparcialidad de un proceso que, en teoría, debería ser neutral y equitativo, pero que en la práctica muestra signos de manipulación.
El profesor Javier Ríos Figueroa, parte de un estudio sobre la reforma judicial, señaló que la elección popular de jueces podría derivar en una “erosión democrática”. Según el académico, el Ejecutivo está ganando más poder mientras se debilitan los contrapesos, un patrón similar al observado en países como Hungría y Turquía.
La organización Defensorxs ha identificado al menos 24 candidatos con antecedentes preocupantes, incluyendo acusaciones de violencia, corrupción y nexos con el crimen organizado. Entre ellos destaca Silvia Delgado, exabogada de “El Chapo” Guzmán, quien busca un cargo como jueza penal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la idoneidad de los aspirantes.
A pesar de las restricciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar la promoción partidista, la campaña ha estado marcada por irregularidades. En Veracruz, por ejemplo, se han reportado intentos de influir en los votantes a favor de ciertos candidatos, lo que pone en duda la transparencia del proceso.
El Observatorio Judicial Electoral reveló que más de 130 candidatos no enfrentan competencia real, lo que les garantiza una victoria automática. Esta falta de contendientes en algunas candidaturas refuerza las preocupaciones sobre la legitimidad de la elección y la independencia del Poder Judicial.
La baja participación ciudadana es otro problema. Enkoll estima que solo entre el 16% y el 23% de los votantes acudirán a las urnas, y el 77% de los encuestados no conoce a ningún candidato. Este desinterés, combinado con la complejidad de las boletas, podría facilitar que intereses políticos se impongan.
Expertos advierten que la falta de experiencia judicial en muchos candidatos es alarmante. El 58.7% de los aspirantes no tiene carrera judicial, lo que podría afectar la calidad de las decisiones en casos clave, como los relacionados con la prisión preventiva o los derechos de las víctimas.
El proceso también enfrenta críticas por la posible influencia del crimen organizado, especialmente en estados con alta violencia. Organismos como la ONU han alertado sobre los riesgos de que grupos delictivos busquen infiltrarse en el Poder Judicial a través de estas elecciones.
A pesar de las promesas de democratizar la justicia, el panorama actual sugiere que la reforma judicial podría estar sirviendo más a los intereses del partido en el poder que a los de la ciudadanía. La falta de información y las irregularidades amenazan con socavar la confianza en un sistema que busca renovarse.