Organizaciones y especialistas han levantado la voz ante el preocupante auge del mercado negro de vaporizadores y cigarros ilegales en México. Este fenómeno, según advierten, es una consecuencia directa de las políticas prohibitivas impulsadas por el gobierno federal, que han dejado un vacío en la regulación y abierto la puerta a actividades ilícitas.
La reforma constitucional de enero pasado, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada bajo la administración de Claudia Sheinbaum, prohibió la producción, distribución y comercialización de vapeadores. Sin embargo, lejos de reducir su consumo, esta medida ha trasladado la oferta a redes clandestinas, donde no existe control alguno.
Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, señaló que antes de la reforma, los vapeadores se comercializaban en negocios formales que operaban bajo amparos legales. Ahora, estos establecimientos han desaparecido, y el mercado negro ha tomado el control, poniendo en riesgo a millones de usuarios que buscaban alternativas para dejar el tabaco.
El impacto de esta prohibición no solo afecta la salud pública, sino también las finanzas del país. Según la consultora Oxford Economics, el mercado ilegal de vapeadores y cigarros genera pérdidas fiscales de hasta 13,500 millones de pesos al año. Esto representa un golpe millonario al erario público, mientras el crimen organizado se beneficia de la falta de regulación.
Tomás O’Gorman, de ProVapeo, denunció que los vapeadores ahora se venden sin control en puestos ambulantes y mercados informales, incluso frente al Palacio Nacional. Esta situación, afirmó, es una muestra clara de la permisividad del gobierno y su incapacidad para vigilar el comercio ilícito.
El problema se agrava con el contrabando de cigarros ilegales, especialmente en la frontera sur. Gerardo López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, reveló que en Yucatán, seis de cada diez comercios venden cigarros ilícitos provenientes de Belice, donde no hay controles sanitarios ni fiscales.
Estos cigarros se ofrecen a precios irrisorios, desde 20 pesos por cajetilla, lo que los hace accesibles incluso para menores de edad. La venta se realiza abiertamente en redes sociales y plataformas como Meta, evidenciando la falta de vigilancia efectiva por parte de las autoridades.
Miguel García, activista y consumidor, destacó que la prohibición ha sido un retroceso en la lucha contra el tabaquismo. La mitad de los negocios formales que vendían vapeadores han cerrado o cambiado de giro, dejando a los consumidores sin acceso a productos de calidad y empujándolos hacia el mercado negro.
Rafael Lara, presidente de Razón, Autonomía y Derecho, criticó que la reforma viola derechos humanos, como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. Argumentó que la prohibición no solo fomenta el comercio ilegal, sino que también obstaculiza los esfuerzos de quienes buscan alternativas al tabaco.
En el marco del Día Mundial del Vapeo, las organizaciones instan al gobierno a reconsiderar su estrategia. La falta de regulación, lejos de proteger a la población, ha fortalecido al crimen organizado y puesto en riesgo la salud de los mexicanos, mientras el fisco sufre pérdidas millonarias.