El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un panorama complicado tras las elecciones de 2024, donde su papel como árbitro electoral ha sido puesto en tela de juicio. Las críticas no cesan: desde cuestionamientos a su imparcialidad hasta señalamientos por su manejo de los procesos electorales. La elección judicial de 2025, en particular, ha desatado una tormenta de dudas sobre si el INE realmente recuperó la confianza de los ciudadanos o si sigue tambaleándose en un terreno de descrédito.
La conducción del proceso electoral de 2024 dejó un sabor amargo para muchos. Decisiones controversiales y acusaciones de estar al servicio del poder político en turno han manchado la imagen que el INE había construido como baluarte de la democracia mexicana. La presidencia de Guadalupe Taddei, en especial, ha sido señalada como un punto de inflexión, con críticas que la comparan con figuras que han perdido autonomía en otras instituciones clave.
El proceso para elegir jueces y magistrados en 2025 no ha ayudado a limpiar la imagen del INE. La falta de recursos y las acusaciones de ineptitud han puesto en jaque su capacidad para organizar una elección transparente y equitativa. La decisión de rechazar sobrenombres en las boletas, aunque aplaudida por algunos, fue vista por otros como una medida desesperada para evitar el caos en un proceso ya de por sí cuestionado.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre figuras clave de Morena, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López, ha añadido más leña al fuego. Este choque, escenificado en el Senado, refleja las tensiones internas del partido en el poder, que parecen aprovechar cualquier oportunidad para desviar la atención de los problemas del INE. La falta de consenso entre los legisladores no hace más que complicar el escenario para una institución que debería ser un pilar de la democracia.
La aprobación de un recorte presupuestal en la Cámara de Diputados, liderada por la mayoría morenista, ha sido otro golpe duro. Este recorte, que representa el 2.5% del PIB, limita aún más los recursos del INE para enfrentar los retos de la elección judicial. Las críticas de expertos y opositores señalan que esta medida podría ser una estrategia para debilitar al organismo y mantenerlo bajo presión.
Por si fuera poco, las declaraciones de algunos consejeros electorales, como Jorge Montaño, han intentado defender la integridad del INE, pero sus palabras no han logrado acallar las voces que piden una reforma profunda. La consejera Carla Humphrey, por su parte, ha criticado la frivolidad de algunos candidatos al Poder Judicial, pero sus comentarios no han sido suficientes para restaurar la confianza perdida.
El INE, que alguna vez fue un orgullo nacional por su papel en elecciones históricas como la de 2018, parece estar atrapado en un círculo vicioso de críticas y desconfianza. La marcha en defensa del INE en 2022, que reunió a miles de ciudadanos, mostró el apoyo popular que aún conserva, pero también dejó claro que la polarización sigue siendo un obstáculo para su legitimidad.
La pregunta sigue en el aire: ¿podrá el INE recuperar su credibilidad? Mientras las acusaciones de sesgo y la falta de recursos persisten, el organismo enfrenta una prueba de fuego en 2025. La elección judicial será un termómetro clave para medir si el INE puede salir del ojo del huracán o si seguirá siendo blanco de críticas en un México cada vez más polarizado.