Este domingo 1 de junio, México enfrentará una jornada electoral sin precedentes: la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Un proceso impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum que promete “acabar con la corrupción”, pero que ha desatado una tormenta de críticas y dudas. ¿Es realmente un paso hacia la justicia o un movimiento para controlar el Poder Judicial?
La reforma judicial, promovida por Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido presentada como una solución para democratizar la justicia. Sin embargo, muchos expertos advierten que el proceso está diseñado para favorecer a los candidatos afines al oficialismo. Los “acordeones” con nombres de candidatos preseleccionados, distribuidos por operadores de Morena, han generado acusaciones de manipulación. La opacidad en la selección de los 3,422 candidatos es otro punto que preocupa a la ciudadanía.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha intentado simplificar el proceso con tutoriales y boletas más claras, pero la complejidad persiste. Cada votante debe elegir entre decenas de nombres para distintos cargos, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte. El INE estima que cada persona tardará unos 10 minutos en votar, aunque muchos temen que la confusión alargue el proceso en las casillas.
La falta de información sobre los candidatos es alarmante. La mayoría de los mexicanos desconoce quiénes son los aspirantes y cuáles son sus méritos. Esto ha llevado a que figuras como el expresidente Vicente Fox y el empresario Ricardo Salinas Pliego llamen a boicotear la elección, calificándola de “farsa” y advirtiendo que legitima un control político sobre la justicia. “No votes en esta aberración”, han declarado en redes sociales.
Por otro lado, el gobierno de Sheinbaum insiste en que esta elección es un ejercicio democrático histórico. La narrativa oficial asegura que los ciudadanos tendrán el poder de elegir a los impartidores de justicia, acabando con un sistema judicial “corrupto”. Sin embargo, críticos señalan que el voto no garantiza un Poder Judicial más justo si los candidatos fueron seleccionados por el propio gobierno.
El abstencionismo es otra sombra que planea sobre esta jornada. Encuestas sugieren que solo entre 10 y 23 millones de personas podrían acudir a las urnas, una cifra baja comparada con elecciones presidenciales. La desconfianza en el proceso y la falta de campañas claras por parte de los candidatos alimentan esta apatía. Incluso quienes apoyan la reforma admiten que el cambio no necesariamente será positivo.
La oposición ha intensificado sus críticas, acusando a Morena de querer consolidar un poder absoluto. La alianza “Va por México” y otros actores políticos han señalado que esta reforma busca desmantelar la independencia judicial, dejando al país sin un contrapeso real frente al Ejecutivo y el Legislativo, ambos dominados por Morena.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un dilema: votar para participar en un proceso cuestionado o abstenerse como forma de protesta. Anular el voto, según analistas, no enviaría un mensaje claro y podría interpretarse como apoyo tácito al sistema. La decisión, en cualquier caso, recae en los mexicanos que este domingo definirán el futuro de la justicia en el país.
La elección judicial no solo pone a prueba la confianza en las instituciones, sino también la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas en un contexto de confusión y polarización. Lo que está en juego no es solo quién ocupará los cargos judiciales, sino el equilibrio de poderes en México.