El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado luz verde al gobierno de Donald Trump para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que amparaba a más de 532,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Esta decisión, tomada el 30 de mayo de 2025, deja a miles de familias latinoamericanas en una situación de incertidumbre, expuestas a posibles procesos de deportación.
La medida anula una extensión del TPS aprobada por la administración de Joe Biden, que protegía a estos migrantes de ser retornados a países considerados inseguros debido a conflictos, crisis políticas o desastres naturales. El fallo del tribunal, respaldado por una mayoría conservadora, suspende una orden previa de un juez federal que había mantenido estas protecciones vigentes.
El TPS, creado en 1990, permite a migrantes de países en crisis vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Para los venezolanos, esta protección se otorgó en 2021 y se amplió en 2023, beneficiando a unas 350,000 personas. Sin embargo, la administración Trump argumentó que mantener estas protecciones va en contra del “interés nacional” de Estados Unidos, una postura que ha generado fuertes críticas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Alianza Nacional de TPS, han expresado su preocupación por las consecuencias humanitarias de esta decisión. Advierten que la revocación del TPS provocará la pérdida de empleos, la separación de familias y un impacto económico negativo en comunidades de todo el país.
El fallo del Supremo no es definitivo, ya que el caso seguirá litigándose en tribunales inferiores. Sin embargo, la suspensión de las protecciones deja a los beneficiarios del TPS en una posición vulnerable mientras se resuelve el proceso legal. Para muchos, esta incertidumbre representa un duro golpe a sus esperanzas de estabilidad en Estados Unidos.
La decisión se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump. Hace apenas diez días, el mismo tribunal autorizó la cancelación de otro programa de protección para 350,000 venezolanos, lo que refleja una tendencia hacia la eliminación de medidas humanitarias para migrantes.
En el caso de los migrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, la revocación del TPS afecta a aquellos que llegaron bajo el programa de parole humanitario, ampliado por Biden en 2023. Este programa permitía la entrada legal de hasta 30,000 personas al mes de estos países, con permisos temporales para trabajar y residir en Estados Unidos.
La jueza Ketanji Brown Jackson, quien emitió el único voto en contra en el Supremo, advirtió sobre las “devastadoras consecuencias” de esta medida. Junto con la jueza Sonia Sotomayor, señaló que la decisión ignora el impacto humano en las vidas de más de medio millón de personas que han construido sus vidas en el país.
Organizaciones migrantes ya han anunciado que presentarán recursos legales para intentar revertir la decisión. Argumentan que la crisis en países como Venezuela, marcada por inestabilidad política y económica, justifica la necesidad de mantener estas protecciones humanitarias.
Mientras el debate continúa, miles de migrantes enfrentan un futuro incierto, con el temor de perder su estatus legal y enfrentar la deportación. La resolución de este caso en los tribunales inferiores será clave para determinar el destino de estas comunidades.