La presidenta Claudia Sheinbaum ha firmado un decreto que endurece las reglas para la posesión y uso de armas de fuego en México, modificando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Este cambio, que entra en vigor este viernes, busca reforzar el control estatal sobre el armamento, pero también despierta dudas sobre su impacto en la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
La reforma, aprobada por el Congreso en abril, establece sanciones más severas para quienes porten o fabriquen armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Destaca la pena de hasta 60 años de prisión para quienes utilicen explosivos artesanales, como las minas que han causado tragedias, como la muerte de seis militares en Michoacán.
El gobierno de Morena asegura que esta ley cierra vacíos legales que han permitido el tráfico de armas, especialmente desde Estados Unidos. Sin embargo, críticos señalan que el enfoque se centra más en restringir a los ciudadanos que en atacar el mercado negro que abastece a los cárteles. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá ahora un control casi absoluto sobre permisos y registros de armas.
Entre los cambios, se prohíbe fabricar armas con tecnologías como la impresión 3D y usar aditamentos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas. También se regula estrictamente la posesión de armas para ejidatarios, comunidades indígenas y deportistas, quienes deberán justificar su uso ante la Sedena. Esto, según el gobierno, dará “certeza jurídica”, pero muchos lo ven como un obstáculo burocrático.
La reforma también permite que empleados de empresas públicas como Pemex o la CFE porten armas para seguridad, una medida que ha generado controversia. Mientras el oficialismo celebra el fortalecimiento del control estatal, opositores advierten que esto podría limitar el derecho a la legítima defensa en un país donde la violencia no cede.
Otro punto destacado es la obligación de designar a una persona responsable de un arma registrada en caso de fallecimiento del titular. Además, se implementarán campañas educativas a nivel nacional para concientizar sobre los riesgos de las armas y explosivos. Sin embargo, no está claro cómo se financiarán o ejecutarán estas iniciativas.
La iniciativa, presentada originalmente por Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024, fue respaldada por todos los partidos en la Cámara de Diputados, con solo dos abstenciones. En el Senado, se destacó que la ley moderniza una norma que no se actualizaba desde 1972, pero persisten las críticas sobre su efectividad para frenar el tráfico ilegal de armas.
Voces de la oposición, como el PAN, han insistido en que el verdadero problema es la porosidad de la frontera norte, por donde entran miles de armas ilegalmente cada año. Sin una estrategia binacional con Estados Unidos, aseguran, estas reformas podrían quedar en buenas intenciones.
El general de Brigada Marco Antonio Gómez Nava, en entrevista reciente, defendió la reforma como un paso hacia una sociedad más segura. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente reducirá la violencia o solo complicará la vida a los ciudadanos que buscan protegerse legalmente?
Mientras el gobierno presume un avance en la regulación, la realidad en las calles sigue siendo alarmante. La delincuencia organizada no parece inmutarse ante las nuevas leyes, y los ciudadanos se enfrentan a un sistema más rígido para ejercer sus derechos. ¿Es esta la solución que México necesita?