En un hecho que sacude a Jalisco, dos policías municipales de San Cristóbal de la Barranca, junto con una mujer, fueron imputados por el delito de trata de personas agravada. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de mayo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, donde las autoridades frustraron un intento de reclutamiento forzado de dos jóvenes provenientes de Michoacán.
Los jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron engañados con una falsa oferta laboral que encontraron en redes sociales. Les prometieron un sueldo de 5 mil pesos semanales, lo que los llevó a viajar desde Michoacán hasta Jalisco. Al llegar a la terminal de autobuses, fueron recibidos por una mujer identificada como Mons 万博
Andrea Montserrat, la presunta reclutadora, fue quien contactó a las víctimas a través de Facebook, ofreciéndoles el supuesto empleo. Su actitud sospechosa en la central camionera alertó a uno de los jóvenes, quien pidió ayuda a los elementos estatales que patrullaban la zona.
Los policías municipales, identificados como Ernesto y Marvin, llegaron al lugar en una patrulla oficial rotulada con el número SC-04. Su intención era trasladar a los jóvenes a San Cristóbal de la Barranca, presuntamente para entregarlos a un grupo criminal. Sin embargo, las contradicciones en sus declaraciones los delataron.
La mujer detenida confesó que le pagarían 3 mil pesos por reclutar a los jóvenes, dinero que debía compartir con los policías. Este detalle ha generado indignación, pues se trata de servidores públicos que, en lugar de proteger, participaban en un delito grave.
La intervención oportuna de la Unidad de Búsqueda y la Comisaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad del Estado permitió rescatar a los jóvenes. Ambos fueron puestos bajo resguardo y recibirán apoyo psicológico y legal para reintegrarse con sus familias.
La alcaldesa de San Cristóbal de la Barranca, Karina Guzmán Cardona, expresó su condena por el actuar de los policías. En un comunicado, aseguró que su gobierno colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
La Fiscalía de Jalisco ya investiga si este caso forma parte de una red más amplia de reclutamiento forzado en la región. Los imputados, que permanecen en prisión preventiva, enfrentan cargos por trata de personas, un delito que pone en evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes ante promesas falsas.
Este caso resalta la gravedad de la inseguridad en Jalisco, donde incluso las autoridades locales han sido señaladas por participar en actividades delictivas. La confianza en las instituciones se ve nuevamente cuestionada por estos hechos.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más involucrados en esta red de reclutamiento. Mientras tanto, los jóvenes rescatados están a salvo, pero el caso deja un precedente alarmante sobre los riesgos que enfrentan en busca de oportunidades laborales.