En la Ciudad de México, los pinchazos en el transporte público ya son delito. El Congreso local aprobó una reforma al Código Penal que castiga con severidad a quienes administren sustancias sin consentimiento, una práctica que ha generado alarma entre los usuarios del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte.
La nueva disposición, que entra en vigor este sábado, establece penas de dos a cinco años de prisión para quienes utilicen objetos punzocortantes, inyecciones o cualquier medio para aplicar sustancias que alteren el estado físico o mental de las víctimas. Las sanciones pueden llegar hasta los 7.5 años si hay agravantes, como atacar a menores, adultos mayores o personas con discapacidad.
Desde marzo de 2025, las autoridades han registrado un aumento en las denuncias por pinchazos, con 120 casos reportados, de los cuales 65 han sido confirmados como punciones reales. La mayoría de estos incidentes han ocurrido en el Metro, especialmente en estaciones concurridas, donde las víctimas han reportado mareos, somnolencia y debilidad tras sentir un piquete.
La reforma, impulsada por la jefa de gobierno Clara Brugada, busca enviar un mensaje claro: la seguridad de los capitalinos no es negociable. Sin embargo, la ola de pinchazos ha expuesto fallas en la vigilancia del transporte público, donde miles de personas viajan diariamente en condiciones de hacinamiento.
Además de las penas de cárcel, los responsables enfrentarán multas de 50 a 300 días, que podrían alcanzar hasta 83,640 pesos, según el salario mínimo de 2025. En casos donde se usen sustancias psicoactivas o narcóticas, o si el ataque facilita delitos como robo o abuso, las sanciones se endurecen aún más.
Las autoridades han desplegado un operativo con 5,800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para reforzar la vigilancia en el Metro. También se han incorporado policías encubiertos y binomios caninos, aunque algunos legisladores critican que estas medidas son reactivas y no preventivas.
Organizaciones y colectivos han señalado que la falta de protocolos claros ha complicado la atención a las víctimas. Muchas no saben cómo reaccionar tras un pinchazo, y la ausencia de cámaras en todas las estaciones dificulta identificar a los responsables.
La fiscalía capitalina reportó que, de las 41 denuncias iniciales, solo en cuatro casos se detectaron sustancias toxicológicas. Esto ha generado dudas sobre la efectividad de las investigaciones y la necesidad de mejorar los análisis toxicológicos para identificar las sustancias utilizadas.
Legisladores de oposición, como los del PAN, han lamentado que la respuesta del gobierno llegue tarde, recordando que alertaron sobre los pinchazos desde hace meses. Mientras tanto, Morena defiende la reforma como un paso hacia la justicia y la protección de los ciudadanos.
La nueva ley también cubre eventos masivos y espacios públicos, ampliando la protección contra esta forma de agresión. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿será suficiente para detener esta alarmante práctica en la capital?