El próximo domingo 1 de junio, México vivirá una jornada sin precedentes al elegir por voto popular a jueces y magistrados del Poder Judicial. Este proceso, impulsado por la reforma constitucional aprobada en 2024, busca democratizar la justicia, pero llega envuelto en un clima de confusión y apatía que amenaza su legitimidad.
Encuestas recientes revelan que solo entre el 8% y el 23% de los casi 100 millones de mexicanos habilitados para votar participarán en esta elección. El presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral supera los 2,400 millones de pesos, una cifra que contrasta con el desinterés generalizado de la población.
Víctor Hugo Buendía, un abogado de 25 años de Chiautla, Estado de México, señala la complejidad de las boletas como uno de los principales obstáculos. La falta de información clara sobre los casi 3,500 candidatos para renovar 881 cargos federales dificulta que los ciudadanos emitan un voto informado.
En zonas rurales, el acceso a los perfiles de los aspirantes es aún más limitado. Buendía destaca que, aunque algunos pueden investigar por su cuenta, para el ciudadano promedio la información es insuficiente, lo que genera un voto desinformado o simplemente la abstención.
A pesar de las dificultades, Buendía se muestra optimista sobre la renovación del Poder Judicial. Considera que la elección directa permitirá a los ciudadanos exigir rendición de cuentas a los nuevos jueces, aunque admite no estar plenamente informado sobre los candidatos locales en su distrito.
La desinformación no es el único problema. Críticas de organizaciones como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito han calificado este proceso como una “simulación”, denunciando la distribución de materiales con indicaciones de voto, lo que pone en duda la transparencia.
El partido Morena, impulsor de la reforma, enfrenta acusaciones de interferencia política. Reportes señalan la presencia de candidatos con vínculos cuestionables, incluyendo figuras relacionadas con casos de corrupción, lo que ha generado desconfianza en el proceso.
En el centro de la Ciudad de México, trabajadores como Héctor Fernando Ramírez, quien lleva 20 años limpiando zapatos frente a un juzgado, reflejan el sentir de muchos: desconocimiento sobre los candidatos y el impacto real de esta elección en sus vidas.
A pesar de las críticas, el gobierno federal defiende la reforma como un paso hacia una justicia más cercana al pueblo. Sin embargo, la baja participación esperada y las irregularidades reportadas podrían empañar este momento histórico para el país.
La elección del 1 de junio marcará un antes y un después en el sistema judicial mexicano, pero el éxito de esta transformación dependerá de superar los retos de la desinformación y el desinterés ciudadano que hoy la rodean.