Por primera vez en la historia de México, los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serán elegidos por voto popular. Esta reforma, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada por la Cámara de Diputados en septiembre de 2024. La iniciativa, presentada oficialmente el 5 de febrero del mismo año, busca transformar el Poder Judicial, un organismo que muchos consideran lejano y elitista.
El objetivo declarado es claro: democratizar la justicia. Según los defensores de la reforma, permitir que el pueblo elija a sus jueces acabará con el elitismo judicial y acercará el sistema a la ciudadanía. Se argumenta que este cambio fortalece la participación popular y da poder a la gente en un sistema históricamente cerrado.
Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Especialistas y organizaciones internacionales advierten que esta medida podría abrir la puerta a la politización del Poder Judicial. La elección popular de jueces, según los detractores, podría derivar en clientelismo y presiones políticas, comprometiendo la independencia de los magistrados.
El caso de Bolivia sirve como ejemplo para los críticos. Desde 2009, este país elige a sus jueces por voto popular, pero el sistema ha enfrentado problemas graves. En las elecciones judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de los votantes optó por votos n Ascenso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nulos o en blanco, reflejando desconfianza en un proceso percibido como manipulado por el partido gobernante.
En diciembre de 2024, Bolivia eligió a 19 de los 26 jueces de sus altos tribunales, pero la convocatoria fue declarada desierta en algunas regiones. Esto dejó pendientes siete cargos, evidenciando las dificultades logísticas y políticas de este modelo. La baja participación electoral y la influencia del Ejecutivo en la selección de candidatos son preocupaciones recurrentes.
En México, el debate es intenso. Los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual no garantiza una justicia imparcial y que el voto popular dará legitimidad a los jueces. Sin embargo, académicos y expertos en derecho advierten que la calidad de las sentencias, no el método de elección, es lo que legitima al Poder Judicial.
La reforma mexicana plantea preguntas cruciales: ¿puede el voto popular garantizar jueces capacitados e independientes? ¿O será un paso hacia la politización de la justicia? Los ojos del mundo están puestos en México, donde los desafíos estructurales del Estado de derecho, como la impunidad y la corrupción, hacen que el impacto de esta medida sea observado con gran atención.
El camino hacia la implementación de esta reforma apenas comienza. Los próximos pasos determinarán si México logrará una justicia más cercana al pueblo o si, por el contrario, enfrentará los riesgos de un sistema judicial vulnerable a intereses políticos.