El próximo 1 de junio de 2025, México vivirá un evento sin precedentes: la elección judicial que permitirá a los ciudadanos elegir directamente a jueces, magistrados y ministros. Con más de 13 millones de mexiquenses registrados en la lista nominal, el Estado de México será el epicentro de este proceso, el más grande del país. Este cambio, impulsado por la reforma judicial del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca transformar la forma en que se selecciona a los impartidores de justicia.
La consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera Montoya, destacó que esta elección es única porque pone al Poder Judicial bajo un escrutinio ciudadano nunca antes visto. Por primera vez, los mexicanos tendrán el poder de decidir quiénes ocuparán cargos clave en el sistema judicial, desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia hasta magistraturas y juzgados locales. Este proceso busca garantizar que la justicia sea más cercana al pueblo.
La reforma judicial, aprobada en febrero de 2024, ha generado grandes expectativas, pero también retos logísticos. Organizar una elección de esta magnitud en un tiempo récord ha sido un desafío para las autoridades electorales. En el Estado de México, se instalarán más de 9 mil casillas para recibir los votos de millones de ciudadanos. La consejera Vaquera enfatizó que este proceso no solo es un ejercicio democrático, sino una oportunidad para que la ciudadanía incida directamente en la vida pública.
En esta jornada, los mexiquenses votarán por cargos clave: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistraturas locales y 55 jueces. A diferencia de elecciones tradicionales, aquí no participarán partidos políticos. Los candidatos fueron propuestos por los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, lo que añade un matiz único al proceso.
El Instituto Electoral del Estado de México ha implementado medidas para garantizar la transparencia. Los paquetes electorales serán sellados y contarán con códigos QR para su rastreo. Además, se habilitará un micrositio donde los ciudadanos podrán consultar los resultados preliminares en tiempo real. Estas acciones buscan generar confianza en un proceso que, por su novedad, ha generado tanto entusiasmo como escepticismo.
La elección también enfrenta críticas. Algunos sectores, como el PRI, han cuestionado la legitimidad del proceso, argumentando que los candidatos fueron impuestos por Morena y sus aliados. Estas voces advierten que la elección podría estar sesgada, mientras que las autoridades electorales defienden que se han tomado medidas para evitar fraudes, como transmisiones en vivo y la presencia de observadores electorales.
Uno de los mayores retos es la participación ciudadana. Aunque no hay estimaciones oficiales, se espera que la afluencia sea un factor clave para la legitimidad del proceso. Las autoridades han señalado que una baja participación podría debilitar la percepción de este ejercicio democrático. Por ello, se han intensificado los esfuerzos para informar a la población sobre la importancia de su voto.
Karina Vaquera hizo un llamado especial a las mujeres, recordando que el derecho al voto fue una conquista histórica. Subrayó que participar en esta elección es una forma de honrar esa lucha y de incidir en la construcción de un sistema judicial más equitativo. La paridad de género también será un criterio fundamental en la selección final de los cargos.
A pesar de los desafíos, el Instituto Electoral del Estado de México se declara listo. Con un presupuesto solicitado de más de 941 millones de pesos y la contratación de miles de personas para organizar la jornada, las autoridades confían en que este proceso será un hito en la historia democrática del país. La elección judicial no solo renovará el Poder Judicial, sino que sentará las bases para futuros comicios en 2027.
Este 1 de junio, México dará un paso audaz hacia una justicia más democrática. La ciudadanía tiene en sus manos la oportunidad de moldear el futuro del Poder Judicial, en un proceso que, según las autoridades, está diseñado para ser transparente, equitativo y, sobre todo, histórico.