El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión que impactará la vida de más de 532 mil migrantes. En un fallo reciente, la Corte permitió al gobierno de Donald Trump eliminar el estatus de protección temporal que beneficiaba a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Este programa, implementado durante la administración de Joe Biden, otorgaba residencia temporal y permisos de trabajo a estas personas.
La decisión se tomó con una votación de 7 a 2, suspendiendo un fallo previo de un tribunal inferior que impedía al Departamento de Seguridad Nacional poner fin a los programas de parole humanitario. Esto abre la puerta a posibles deportaciones masivas de migrantes que ingresaron legalmente al país bajo las políticas de Biden.
El programa de protección temporal fue diseñado para permitir la entrada legal de personas provenientes de países en crisis. Los beneficiarios, que suman aproximadamente 532 mil, podían residir y trabajar en Estados Unidos por un periodo de dos años. La mayoría de ellos cuentan con patrocinadores estadounidenses que avalaron su ingreso.
Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron opiniones disidentes, argumentando que el fallo subestima las graves consecuencias para los migrantes afectados. Según ellas, la decisión pone en riesgo la estabilidad de miles de personas que ahora enfrentan dos opciones: regresar a países en crisis o permanecer en EE.UU. con el temor constante de ser deportados.
Esta resolución marca la segunda victoria judicial del gobierno de Trump en materia migratoria durante mayo. Hace apenas diez días, la Corte Suprema había autorizado la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350 mil venezolanos, dejando a estas personas en una situación de incertidumbre.
El fallo responde a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. La administración argumentó que mantener estos programas representaba una carga significativa. El procurador general, D. John Sauer, señaló que evaluar cada caso individualmente sería una tarea monumental para las autoridades.
Los migrantes afectados ingresaron a Estados Unidos bajo un programa que buscaba ofrecer alternativas legales a los peligrosos cruces fronterizos. La eliminación de estas protecciones representa un cambio drástico en la política migratoria del país, alineándose con las promesas de campaña de Trump de endurecer las medidas en la frontera.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de esta decisión. Muchas de estas personas podrían enfrentar peligros significativos si son retornadas a sus países de origen, donde persisten conflictos políticos, violencia y crisis humanitarias.
El caso aún está bajo revisión en tribunales inferiores, pero el fallo del Supremo permite al gobierno avanzar con la cancelación de los permisos mientras se resuelve el litigio. Esto deja a los migrantes en un limbo legal, con un futuro incierto en Estados Unidos.
La decisión ha generado un intenso debate sobre el rumbo de la política migratoria en el país. Mientras algunos celebran el fallo como un paso hacia un mayor control fronterizo, otros advierten sobre las consecuencias humanitarias de retirar protecciones a más de medio millón de personas.