En un nuevo capítulo de controversias, indígenas y ejidatarios del ejido El Trigueño, en Chihuahua, han levantado la voz contra la demolición de una presa en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte. La estructura, según los denunciantes, no solo era clave para sus actividades agrícolas y ganaderas, sino también para el suministro de agua en una región azotada por la sequía.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutó la demolición de la presa y cinco represas adicionales, argumentando que fueron construidas sin permisos legales. Estas obras, ubicadas en un rancho de 4,300 hectáreas, acumulaban 700 mil metros cúbicos de agua, un recurso vital en una zona donde la escasez hídrica es un problema constante.
Los ejidatarios, entre ellos Luis Bustillos, Alejandro Orpinel y otros, interpusieron un amparo para frenar la destrucción. Alegan que la presa era utilizada para el consumo humano, el abrevadero de ganado y hasta para combatir incendios, según un acuerdo avalado por el municipio de Balleza. La acción de Conagua, según ellos, pone en riesgo su sustento.
El director de Conagua, Efraín Morales, defendió la intervención, asegurando que se trata de un acto administrativo para recuperar agua que estaba siendo acaparada ilegalmente. La dependencia señaló que las estructuras carecían de autorización y que su demolición busca garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico en Chihuahua.
Por su parte, la defensa de César Duarte, encabezada por el abogado Carlos Mendoza, aclaró que el amparo no fue promovido por el exgobernador, sino por los ejidatarios beneficiados. Mendoza también cuestionó la legalidad de las acciones de Conagua, afirmando que el rancho lleva ocho años asegurado por la Fiscalía General del Estado, lo que limita el control de Duarte sobre la propiedad.
La controversia ha escalado hasta el ámbito nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, respaldó la intervención de Conagua y anunció una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por el uso ilegal del agua. La mandataria destacó la importancia de regular las concesiones hídricas en un contexto de sequía extrema.
Sin embargo, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, celebró las acciones de Conagua, pero criticó la rapidez con la que se otorgó el amparo que frenó temporalmente la demolición. La suspensión provisional, emitida por la jueza Madhay Soto Morales, ha generado cuestionamientos sobre la celeridad del proceso judicial.
El caso pone en el centro del debate la gestión del agua en México, un recurso cada vez más escaso. Mientras las autoridades federales buscan combatir el acaparamiento, las comunidades locales defienden su derecho a utilizar el agua de la presa, que consideran esencial para su supervivencia.
La audiencia incidental está programada para el 3 de junio, donde se definirá si la demolición puede continuar o si se priorizará el acceso al agua para los ejidatarios. Este conflicto refleja las tensiones entre las políticas federales y las necesidades de las comunidades rurales en un estado golpeado por la crisis climática.
La situación en el rancho El Saucito sigue generando polémica, con voces que acusan a las autoridades de actuar sin considerar el impacto en los habitantes locales. Mientras tanto, el agua, un recurso vital, permanece en el centro de esta disputa que combina política, justicia y supervivencia.