La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a encender la polémica al insistir en que los mexicanos participen en la elección judicial del próximo 1 de junio, un proceso que muchos consideran plagado de irregularidades. Desde Chihuahua, la mandataria aprovechó un evento para promocionar esta votación, que definirá a los nuevos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su discurso, Sheinbaum criticó duramente al Poder Judicial, afirmando que está lleno de corrupción y que históricamente ha favorecido a los ricos mientras ignora a los más pobres. Según ella, esta elección es la clave para tener un sistema de justicia más equitativo. Sin embargo, sus palabras han generado escepticismo entre quienes ven esta reforma como una maniobra del gobierno para controlar otro poder del Estado.
La elección judicial, programada para el 1 de junio, es un hecho sin precedentes en México. Por primera vez, 99.7 millones de votantes podrán elegir a 881 cargos, incluyendo posiciones clave en la SCJN, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral. Pero la oposición y organismos internacionales han encendido las alarmas, señalando posibles intromisiones del Ejecutivo y hasta del crimen organizado en este proceso.
Sheinbaum, fiel a su estilo, llamó a los ciudadanos a elegir a candidatos “cercanos al pueblo”. Sin embargo, no mencionó cómo garantizará que el proceso sea transparente ni cómo se evitará que grupos de poder influyan en los resultados. Su insistencia en promover la participación ha sido vista por críticos como un intento de legitimar una reforma que podría debilitar la independencia judicial.
Las campañas para esta elección comenzaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, pero las controversias no han parado. Desde listas que circulan en redes sociales señalando a candidatos afines al oficialismo hasta acusaciones de opacidad en la selección de aspirantes, el proceso está lejos de generar confianza. La presidenta, sin embargo, parece decidida a seguir adelante, ignorando las críticas.
Organismos como la ONU y asociaciones civiles han advertido que esta elección podría comprometer la imparcialidad del Poder Judicial. La preocupación crece porque el gobierno de Morena ha defendido a capa y espada esta reforma, promulgada en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para muchos, esto es una señal de que el Ejecutivo busca consolidar su poder sobre las instituciones.
En su mensaje desde la Sierra Tarahumara, Sheinbaum también destacó que se instalarán casillas electorales como en cualquier elección presidencial o legislativa. Pero la falta de claridad sobre cómo se seleccionaron los más de 3,400 candidatos y la ausencia de un mecanismo robusto para evitar irregularidades siguen siendo puntos oscuros que el gobierno no ha abordado.
La presidenta insiste en que esta elección será un paso hacia la democracia, pero las dudas persisten. ¿Realmente será un proceso libre y justo, o estamos ante un nuevo capítulo de control político? Mientras tanto, los mexicanos deberán decidir si confían en las promesas de Sheinbaum o si optan por escuchar las voces que alertan sobre los riesgos de esta reforma.
El próximo domingo, las urnas estarán listas, pero el debate está más vivo que nunca. La elección judicial no solo definirá el rumbo del Poder Judicial, sino que también pondrá a prueba la credibilidad de un gobierno que se dice defensor del pueblo, pero que enfrenta serios cuestionamientos sobre sus verdaderas intenciones.
México está en el centro de una transformación que podría cambiar el equilibrio de poderes. La pregunta es si este cambio será para fortalecer la justicia o para someterla a los intereses del partido en el poder.