En el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua César Duarte, se descubrieron construcciones hidráulicas ilegales que acaparaban agua en plena crisis de sequía. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el exgobernador Javier Corral sabían de estas irregularidades desde 2016, pero no fue hasta este martes que se tomaron acciones para demolerlas. ¿Por qué se tardaron tanto?
El rancho, ubicado en el municipio de Balleza, tenía cuatro presones, una presa y un pozo sin permisos, utilizados para almacenar 700 mil metros cúbicos de agua del río Conchos. Estas estructuras, según la Conagua, se construyeron para regar nogaleras de manera indebida, afectando a productores locales que enfrentan la escasez hídrica en la región.
Desde 2016, Conagua notificó a Duarte, entonces gobernador, que sus construcciones carecían de autorización. A pesar de esto, no se actuó de inmediato. En 2019, el exmandatario fue multado con un millón y medio de pesos, pero nunca pagó ni regularizó la situación, según informó Román Alcántar, director de Conagua en Chihuahua.
El martes pasado, personal de Conagua, con apoyo de la Guardia Nacional, llegó al rancho, asegurado por la Fiscalía General del Estado desde 2017, para destruir las estructuras. Sin embargo, un amparo presentado por ejidatarios del lugar frenó la demolición, argumentando que el agua acumulada es vital para sus actividades y sustento diario.
El amparo, registrado bajo el número 1183/2025, fue ingresado el lunes y establece audiencias para el 3 y 25 de junio. Los ejidatarios del ejido El Trigueño sostienen que el agua de los presones se usa para consumo humano, ganado y combatir incendios, con el consentimiento del propietario.
El abogado de Duarte, Carlos Mendoza, calificó las acciones de Conagua como un acto con tintes políticos y lleno de imprecisiones. Asegura que los vecinos del rancho dependen del agua almacenada y que la intervención federal carece de fundamento claro.
La polémica crece en un contexto de sequía extrema en Chihuahua, donde las principales presas, como La Boquilla, están a menos del 15% de su capacidad. La falta de acción durante años por parte de Conagua y las autoridades estatales levanta sospechas sobre posibles omisiones intencionales.
La gobernadora María Eugenia Campos celebró la intervención de Conagua, destacando la importancia de recuperar el agua para los chihuahuenses que sufren la escasez. Sin embargo, las críticas no cesan: ¿cómo es posible que durante casi una década no se actuara contra estas irregularidades?
El caso de El Saucito no es aislado. Conagua ha identificado más de 7 mil pozos irregulares en el estado, lo que evidencia un problema estructural en la gestión del agua. Mientras tanto, los productores agrícolas y las comunidades locales siguen enfrentando las consecuencias de la sequía.
Este escándalo pone en el centro del debate la administración de los recursos hídricos en México. La impunidad de figuras políticas y la lentitud de las autoridades para actuar alimentan la desconfianza en un estado donde el agua es un recurso cada vez más escaso.