Una corte federal de apelaciones en Estados Unidos ha dado un vuelco al panorama comercial al restablecer temporalmente los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Esta decisión llega apenas un día después de que la Corte de Comercio Internacional declarara ilegales las tarifas del 25 por ciento impuestas a México y Canadá, argumentando que Trump excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977.
El fallo de la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington no ofreció detalles ni razonamientos, pero ordenó a las partes involucradas responder en los próximos días, dejando en suspenso el futuro de estas medidas. La administración Trump ya había anunciado su intención de apelar el bloqueo inicial, y este nuevo dictamen parece darle un respiro momentáneo.
Estos aranceles, que afectan principalmente a las importaciones de México y Canadá, forman parte de la estrategia de Trump para presionar a ambos países en temas comerciales y migratorios. La Casa Blanca ha defendido estas tarifas como una herramienta para reducir el déficit comercial y frenar el flujo de fentanilo y migración ilegal, aunque los críticos señalan que incrementan los costos para importadores y consumidores.
La Corte de Comercio Internacional había argumentado que Trump se extralimitó al usar una ley diseñada para emergencias nacionales, como el tráfico de fentanilo, para justificar los aranceles. Los jueces subrayaron que el presidente no tiene autoridad ilimitada para imponer medidas de este tipo sin la aprobación del Congreso.
La reimposición temporal de los aranceles ha generado incertidumbre en los mercados y en las negociaciones comerciales internacionales. Expertos advierten que este vaivén judicial podría debilitar la posición de Estados Unidos en diálogos con socios como México, Canadá y la Unión Europea, quienes ya han amenazado con represalias.
Por ejemplo, México y Canadá, socios clave en el T-MEC, podrían responder con medidas que afecten el comercio bilateral. La Unión Europea, por su parte, ha sido blanco de amenazas de Trump con aranceles de hasta el 50 por ciento, lo que añade más tensión a las relaciones comerciales globales.
Mientras tanto, los aranceles sobre acero, aluminio y autos, que tienen una base legal distinta, siguen vigentes. Esto ha generado preocupación entre importadores y fabricantes, quienes enfrentan costos más altos que podrían trasladarse a los consumidores en forma de precios elevados.
La batalla legal está lejos de terminar. El Departamento de Justicia ya notificó que llevará el caso a una corte de apelaciones, y muchos anticipan que el litigio podría escalar hasta la Corte Suprema. Este escenario mantiene en vilo a las economías de los países afectados y a los sectores que dependen del comercio internacional.
Observadores internacionales, como Simon Lester del Baker Institute, sugieren que este fallo podría obligar a los gobiernos extranjeros a replantear sus estrategias de negociación con Trump. La decisión judicial pone en evidencia los límites del poder presidencial en materia comercial, un tema que seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.
El impacto de estas medidas no solo se siente en los mercados, sino también en la política interna de Estados Unidos. Doce estados liderados por demócratas, que demandaron la anulación de los aranceles, celebraron el fallo inicial como una victoria contra lo que calificaron como una extralimitación de Trump.