La Secretaría de Seguridad de Nuevo León señaló un preocupante repunte en los homicidios en el estado. Según las autoridades, este incremento está directamente relacionado con la liberación de al menos seis generadores de violencia por parte de jueces federales durante abril. Las decisiones judiciales han desatado críticas y una sensación de impotencia entre los cuerpos de seguridad.
Gerardo Escamilla, titular de la Secretaría de Seguridad, explicó que las liberaciones ocurrieron a pesar de los esfuerzos de Fuerza Civil para capturar a estos objetivos prioritarios. Los operativos realizados en el estado buscaban desmantelar redes delictivas responsables de la violencia. Sin embargo, las resoluciones de los jueces han permitido que estos individuos regresen a las calles, alimentando la inseguridad.
El impacto de estas liberaciones se refleja en las cifras. En abril, los homicidios en Nuevo León mostraron un aumento significativo en comparación con meses anteriores. Las autoridades estatales aseguran que los responsables son criminales de alto perfil, vinculados a actividades como el narcotráfico y la extorsión, cuya libertad pone en riesgo a la población.
Escamilla destacó que las detenciones realizadas por Fuerza Civil son el resultado de un trabajo coordinado y meticuloso. Los operativos incluyen inteligencia, vigilancia y cateos que han permitido incautar armas, drogas y vehículos robados. A pesar de estos avances, las decisiones judiciales han frustrado los esfuerzos por mantener a los delincuentes tras las rejas.
La Secretaría de Seguridad señaló que los jueces federales han calificado algunas detenciones como ilegales, lo que ha generado la liberación inmediata de los presuntos criminales. Este fenómeno, conocido como “puerta giratoria”, permite que los detenidos regresen rápidamente a sus actividades ilícitas, perpetuando el ciclo de violencia en el estado.
Las autoridades locales han expresado su preocupación por la falta de coordinación entre los sistemas de seguridad y el Poder Judicial. Esta desconexión dificulta los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad ha hecho un llamado a revisar los procesos judiciales para evitar que las liberaciones sigan afectando los resultados de los operativos.
El aumento de la violencia en Nuevo León ha generado inquietud entre los habitantes. La percepción de inseguridad se ha incrementado, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey, donde los homicidios y otros delitos de alto impacto han repuntado. La población exige medidas más efectivas para frenar esta ola de violencia.
La Secretaría de Seguridad insiste en que la solución requiere un esfuerzo conjunto entre las autoridades estatales, federales y el Poder Judicial. Mientras las liberaciones de criminales continúen, los esfuerzos por reducir la inseguridad en Nuevo León seguirán enfrentando obstáculos. La ciudadanía espera respuestas concretas para recuperar la tranquilidad en el estado.
La situación actual pone en evidencia los retos que enfrenta el sistema de justicia penal en México. Las autoridades de Nuevo León han reiterado su compromiso para seguir combatiendo el crimen organizado, a pesar de las dificultades impuestas por las decisiones judiciales. La lucha contra la violencia sigue siendo una prioridad para el gobierno estatal.