La controversia por el derrame de líquido azul en el Arroyo Topo Chico no se detiene. Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) salió al paso de las acusaciones de Pyosa Industrias, asegurando que atendieron el reporte de contaminación de manera inmediata. Según la paraestatal, el problema se originó en las instalaciones de la empresa, no en el sistema de alcantarillado que ellos operan.
El pasado 13 de mayo, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León clausuró las operaciones de Pyosa tras detectar un derrame de sustancias químicas que tiñó de azul el arroyo. Inspectores confirmaron que el líquido provenía directamente de la planta ubicada en la colonia Bella Vista, en Monterrey. La empresa, sin embargo, insiste en culpar a AyD, argumentando que el problema está en el drenaje pluvial.
Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, fue claro en su postura: la responsabilidad recae en Pyosa. Según la paraestatal, la empresa no notificó a tiempo sobre el derrame, lo que complicó las acciones para contener el daño. AyD asegura que su personal actuó rápidamente para mitigar el impacto en el arroyo, un cauce clave en la zona metropolitana.
Pyosa, por su parte, emitió un comunicado en redes sociales afirmando que el líquido azul no representa un riesgo tóxico ni ambiental. Sin embargo, activistas como Ivonne Bustos han cuestionado esta versión, señalando que la empresa debe presentar pruebas claras sobre la naturaleza de las sustancias derramadas. La falta de transparencia ha generado críticas hacia la compañía.
La Secretaría de Medio Ambiente no se ha quedado de brazos cruzados. Además de la suspensión de actividades, la dependencia estatal anunció que buscará imponer la sanción máxima a Pyosa por los daños ambientales. También se espera que la empresa realice una remediación total del daño causado al Arroyo Topo Chico, un afluente que cruza Monterrey y San Nicolás.
El caso ha encendido las alarmas entre los habitantes de la zona, quienes temen por la calidad del agua y la salud de la fauna local. Recordemos que este no es el primer incidente ambiental en la región: apenas un mes antes, un derrame en el Arroyo La Talaverna, atribuido a la empresa Ternium, dejó tortugas muertas y un fuerte impacto ecológico.
Activistas como Liliana Flores han pedido la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para esclarecer las responsabilidades. Según Flores, tanto Pyosa como Agua y Drenaje deben rendir cuentas, ya que el incidente podría reflejar una responsabilidad compartida. La activista también señaló el historial de Pyosa, acusada previamente de contaminar el aire con plomo.
La legisladora Lorena de la Garza, del PRI, aprovechó el caso para criticar la falta de vigilancia ambiental en Nuevo León. Según la diputada, las autoridades estatales han sido rebasadas por problemas como la contaminación y la mala calidad del aire, lo que pone en riesgo a la población.
Mientras las investigaciones avanzan, el Arroyo Topo Chico sigue siendo un punto de preocupación. Este cauce, que ha enfrentado desbordamientos y otros incidentes en el pasado, es vital para la zona metropolitana. La ciudadanía espera que las autoridades no solo sancionen a los responsables, sino que tomen medidas para evitar que estos derrames se repitan.
El caso de Pyosa y el Arroyo Topo Chico es un recordatorio de los desafíos ambientales que enfrenta Monterrey. La presión sobre las autoridades y las empresas crece, y la ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes para proteger el medio ambiente.