La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha desatado una controversia al denunciar que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) está utilizando revisiones de recursos federales como una herramienta de persecución política en su contra. En una reciente conferencia de prensa, la edil morenista afirmó que las acciones de la ASE carecen de sustento legal y que su administración ha cumplido con todos los requisitos de transparencia.
López Rodríguez señaló que la ASE pretende auditar fondos del Ramo 33, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), que ascienden a casi 900 millones de pesos. Según la alcaldesa, esta tarea corresponde exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y no al organismo estatal, lo que califica como un intento de “auditoría de humo” sin fundamento jurídico.
En su defensa, la presidenta municipal aseguró que ha entregado toda la información requerida a las autoridades federales, cumpliendo con las normativas de fiscalización. Además, destacó que la ASF le confirmó que no existe ningún convenio que permita al estado auditar estos recursos, lo que refuerza su argumento de que se trata de una acción arbitraria.
La alcaldesa no se quedó callada y acusó a las autoridades estatales de orquestar una campaña para desprestigiarla. En sus declaraciones, afirmó que estas acciones representan un abuso de poder y una forma de violencia de género, al señalar que se siente perseguida por ser una mujer que se ha mantenido firme contra la corrupción.
En un mensaje publicado en redes sociales, López Rodríguez respaldó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a que las auditorías no se utilicen como armas políticas. La alcaldesa insistió en que cualquier observación administrativa debe resolverse con claridad y conforme a la ley, sin caer en campañas de desprestigio.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui, negó que se trate de una persecución política. Según él, el proceso es un asunto de transparencia, y si López Rodríguez no solventa las observaciones por los 898 millones de pesos, el caso podría escalar a la vía judicial.
La edil de Acapulco ha convocado a una marcha en su apoyo y anunció que presentará una carta a la presidenta Sheinbaum y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para denunciar lo que considera una violación a sus derechos. También planea acudir a la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia constitucional.
Este nuevo capítulo en la gestión de Abelina López pone en el centro del debate la fiscalización de los recursos públicos y las tensiones políticas dentro de Morena en Guerrero. Mientras la alcaldesa defiende su administración, las acusaciones de irregularidades y la respuesta de las autoridades estatales mantienen la controversia viva.
La situación en Acapulco refleja un enfrentamiento que va más allá de las finanzas municipales, tocando temas de poder, legalidad y género. Por ahora, López Rodríguez se mantiene firme en su postura, asegurando que no permitirá que se pisoteen sus derechos ni los de la ciudadanía que representa.
El desenlace de este caso podría marcar un precedente en cómo se manejan las auditorías y las disputas políticas en los gobiernos locales, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son temas sensibles para la opinión pública.