La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que las sanciones por la venta y uso de vapeadores serán discutidas en el próximo periodo extraordinario del Congreso, previsto para mediados de junio de 2025. La medida busca reforzar la prohibición constitucional de estos dispositivos, que ya está vigente, pero carece de regulaciones secundarias que especifiquen castigos concretos.
En su conferencia matutina, conocida como “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum destacó la urgencia de establecer sanciones claras para quienes comercialicen vapeadores ilegalmente. Subrayó que la protección de la salud, especialmente de los menores, es una prioridad para su gobierno. La mandataria señaló que los vapeadores representan un riesgo significativo debido a las sustancias tóxicas que contienen.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha identificado más de 30 sustancias químicas peligrosas en los vapeadores, como benceno y formaldehído. Durante el proceso de combustión, estas sustancias pueden multiplicarse hasta alcanzar 167 compuestos tóxicos, según estudios especializados. Estos datos respaldan la postura del gobierno de Morena para endurecer las medidas contra estos dispositivos.
Sheinbaum insistió en que la prohibición de los vapeadores ya está contemplada en la Constitución, tras la reforma aprobada en diciembre de 2024. Sin embargo, la falta de leyes secundarias ha permitido que el comercio ilegal de estos productos continúe en el país. La presidenta aseguró que la nueva Ley de Salud establecerá quiénes serán las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento de estas prohibiciones.
La propuesta de regular los vapeadores forma parte del Plan México, una estrategia del gobierno federal para mejorar la salud pública. La iniciativa busca no solo sancionar la venta, sino también limitar el acceso de menores a estos dispositivos, que son considerados una puerta de entrada a otras adicciones. Organismos internacionales han respaldado estas preocupaciones, alertando sobre los riesgos de enfermedades respiratorias y cáncer.
Críticos de la medida, incluyendo legisladores de oposición, han argumentado que la prohibición absoluta podría impulsar el mercado negro. Según ellos, la falta de regulación permite la circulación de productos sin control de calidad, lo que podría agravar los riesgos para los consumidores. Algunos proponen regular en lugar de prohibir, pero el gobierno de Sheinbaum mantiene su postura inflexible.
La discusión sobre las sanciones en el Congreso será clave para definir el futuro del combate al vapeo en México. Se espera que las autoridades sanitarias, encabezadas por el secretario de Salud, David Kershenobich, trabajen de la mano con Cofepris para garantizar una supervisión efectiva. La meta es clara: reducir el impacto de los vapeadores en la salud pública, especialmente entre los jóvenes.
La reforma constitucional que prohíbe los vapeadores también incluye medidas contra el fentanilo y otras drogas sintéticas. Este enfoque integral refleja la intención de Morena de abordar problemas de salud pública con mano dura. Sin embargo, la implementación efectiva de estas leyes dependerá de la capacidad del gobierno para coordinarse con los estados y frenar el comercio ilegal.
Sheinbaum también aprovechó para reiterar que el fortalecimiento de Cofepris será fundamental. La agencia sanitaria está en proceso de obtener reconocimiento global por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo que podría mejorar su capacidad para regular productos como los vapeadores. Este paso es visto como un avance en la estrategia de salud del gobierno.
El debate sobre los vapeadores sigue generando controversia, con opiniones divididas entre quienes apoyan la prohibición y quienes piden una regulación más flexible. Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum se prepara para dar un paso más en su cruzada contra estos dispositivos, con la salud de los mexicanos como estandarte.