Un segundo juez federal en Estados Unidos ha asestado un nuevo golpe a la controvertida política arancelaria del presidente Donald Trump. La Corte de Comercio Internacional dictaminó que los gravámenes impuestos a países como México, Canadá y China son ilegales, al considerar que el mandatario excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
La decisión judicial llega tras un fallo similar emitido por otro tribunal, consolidando un revés significativo para la estrategia comercial de Trump. Los aranceles, que incluían un 25 por ciento a productos mexicanos y canadienses, fueron justificados por el presidente como una medida para combatir el tráfico de fentanilo y la migración irregular. Sin embargo, los jueces determinaron que estas tarifas no abordan directamente una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional, como exige la legislación.
El tribunal argumentó que los aranceles no solo carecen de base legal, sino que tampoco resuelven de manera efectiva los problemas citados por la administración Trump. La sentencia señala que el uso de gravámenes para presionar a otros países en temas como el narcotráfico excede las atribuciones del presidente, según lo estipulado por el Congreso de Estados Unidos.
Este fallo se suma a una serie de críticas a la política comercial de Trump, que ha generado incertidumbre en los mercados globales. Los aranceles, implementados desde marzo, habían provocado tensiones con socios comerciales clave como México y Canadá, ambos parte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La suspensión de estas medidas ha sido recibida con alivio por los mercados, que temían una escalada en la guerra comercial.
México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, había respondido con cautela a las amenazas arancelarias de Trump. La mandataria optó por una estrategia de negociación, evitando una confrontación directa mientras se reforzaban medidas de seguridad en la frontera. Este enfoque buscaba mitigar el impacto económico de los gravámenes, que amenazaban con afectar al sector manufacturero mexicano.
Por su parte, Canadá también había tomado medidas para contrarrestar los aranceles, incluyendo la imposición de tarifas de represalia a productos estadounidenses. El primer ministro Justin Trudeau anunció un plan de inversión para fortalecer la seguridad fronteriza, incluyendo la designación de un “zar del fentanilo” para abordar las preocupaciones de Washington.
La Casa Blanca, sin embargo, no cede en su postura. Funcionarios del gobierno de Trump han anunciado que apelarán la decisión judicial, argumentando que los aranceles son esenciales para proteger la seguridad nacional y negociar mejores acuerdos comerciales. Esta apelación podría escalar el caso hasta el Tribunal Supremo, donde la mayoría conservadora podría influir en el resultado final.
El impacto de este fallo trasciende las fronteras de Estados Unidos. Países como China, que enfrentaban aranceles adicionales del 20 por ciento, también se benefician de la decisión. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que Trump ha demostrado ser impredecible en sus políticas comerciales, alternando entre la imposición y suspensión de gravámenes en cuestión de días.
Para los consumidores estadounidenses, la suspensión de los aranceles representa un alivio temporal. Los gravámenes amenazaban con aumentar los precios de productos importados, desde alimentos hasta automóviles, lo que podría haber impactado el bolsillo de las familias trabajadoras. La batalla legal, sin embargo, está lejos de concluir, y el rumbo de la política comercial de Trump sigue siendo incierto.
Este nuevo capítulo en la saga arancelaria de Trump destaca los límites del poder presidencial en materia comercial. Mientras los tribunales frenan sus iniciativas, la comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollará este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en Estados Unidos.