El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha dado un paso más en su controvertida gestión al promover activamente la elección judicial que se llevará a cabo este domingo 1 de junio. Este evento, calificado por el propio Rocha como histórico, permitirá a los ciudadanos votar por primera vez para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, su respaldo a esta iniciativa no está exento de críticas, ya que muchos cuestionan si esta es una verdadera democratización o una estrategia política de Morena.
Rocha Moya, miembro activo de Morena, ha enfatizado que esta elección es un hito para Sinaloa y el país, asegurando que la participación ciudadana será clave para transformar el sistema judicial. Durante un mensaje reciente, destacó que el proceso busca garantizar que los funcionarios judiciales sean seleccionados por el pueblo, alineándose con los principios de la Cuarta Transformación que promueve el partido en el poder. No obstante, esta narrativa ha generado escepticismo entre sectores que ven en la reforma judicial un intento de consolidar el control político.
La elección judicial en Sinaloa contempla la renovación de cargos clave, como nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Según Rocha, el proceso está diseñado para fortalecer la justicia en México, pero detractores argumentan que la falta de experiencia de algunos candidatos podría comprometer la imparcialidad y eficacia del sistema.
Para garantizar el desarrollo de esta jornada electoral, el gobernador anunció la implementación de un operativo de seguridad especial. Este despliegue busca vigilar los centros de votación y proteger la participación ciudadana en un estado donde la inseguridad ha sido un problema persistente. Sin embargo, la promesa de seguridad no logra disipar las dudas sobre la capacidad del gobierno estatal para controlar la violencia que ha azotado a Sinaloa en los últimos meses.
Otro aspecto que ha generado controversia es la implementación de una ley seca parcial en la entidad durante el fin de semana de la elección. Rocha justificó esta medida como necesaria para mantener el orden durante el proceso, pero algunos ciudadanos la ven como una restricción innecesaria que no aborda los problemas de fondo. Las críticas al gobernador se intensifican al recordar que su administración ha enfrentado cuestionamientos por su manejo de la seguridad y presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.
El contexto de la elección judicial no puede desvincularse de las tensiones políticas que rodean a Rocha Moya. Desde el año pasado, su gobierno ha sido señalado por no contener la ola de violencia que dejó más de 200 asesinatos en Sinaloa tras la detención de líderes del Cártel de Sinaloa. Las protestas en su contra, que incluyeron quema de piñatas con su rostro, reflejan el descontento de un sector de la población que exige resultados concretos en seguridad.
A pesar de las críticas, Rocha insiste en su compromiso con los programas sociales y el desarrollo de Sinaloa. En eventos recientes, ha destacado el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a proyectos como la planta de etanol en Topolobampo y programas como la beca Rita Cetina, que beneficia a miles de estudiantes. Sin embargo, estos logros son opacados por las acusaciones de opacidad y la percepción de que su gobierno prioriza la agenda de Morena sobre las necesidades locales.
La elección judicial, presentada como un avance democrático, se desarrolla en un ambiente de polarización. Mientras Rocha Moya llama a los sinaloenses a participar, muchos se preguntan si este proceso realmente empoderará al pueblo o si será otro capítulo en la compleja dinámica política de Sinaloa. La jornada del domingo será un termómetro para medir el respaldo ciudadano a esta iniciativa y al propio gobernador.