En Nuevo León, los restauranteros están alzando la voz contra la imposición de la ley seca durante la jornada electoral del próximo 1 de junio. La medida, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, podría generar pérdidas millonarias para el sector, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
La ley seca, solicitada por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Gobierno del Estado, busca garantizar el orden durante las elecciones del Poder Judicial. Sin embargo, los empresarios del sector gastronómico advierten que esta restricción impactará negativamente sus ingresos, especialmente porque el 1 de junio es domingo, uno de los días de mayor afluencia en sus negocios.
De acuerdo con estimaciones de Canirac, las pérdidas podrían superar los 100 millones de pesos en el estado. Los restaurantes, bares y centros nocturnos de la zona metropolitana de Monterrey serían los más afectados, ya que la prohibición abarca desde la medianoche del sábado 31 de mayo hasta el domingo.
El presidente de Canirac en Nuevo León, Daniel García, señaló que la industria restaurantera genera miles de empleos directos e indirectos. La ley seca no solo afecta a los dueños de los negocios, sino también a meseros, cocineros y otros trabajadores que dependen de las propinas y los ingresos de fin de semana.
Los restauranteros argumentan que sus establecimientos operan con controles estrictos sobre el consumo de alcohol, lo que debería eximirlos de esta medida. Han solicitado formalmente al Gobierno del Estado y al INE que se les permita vender bebidas alcohólicas, al menos durante el sábado, para mitigar el impacto económico.
La medida también afecta a los consumidores, quienes podrían optar por quedarse en casa en lugar de visitar restaurantes. Esto representa un duro golpe para un sector que aún se recupera de los estragos económicos de la pandemia y la inflación reciente.
En otros estados, como Veracruz y San Luis Potosí, los restauranteros también han pedido excepciones a la ley seca, argumentando que los destinos turísticos y los negocios formales no deberían ser castigados por una medida generalizada.
A pesar de las peticiones, el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, no ha dado señales de flexibilizar la medida. La Secretaría de Salud estatal confirmó que la prohibición es obligatoria para cumplir con el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Canirac ha enfatizado que la industria restaurantera representa el 12.2% de los negocios en México y genera millones de empleos. La organización insiste en que las autoridades deben considerar el impacto económico antes de aplicar restricciones que afectan a miles de familias.
La controversia sigue creciendo mientras se acerca la fecha de las elecciones. Los restauranteros de Nuevo León esperan que sus argumentos sean escuchados para evitar un fin de semana de pérdidas devastadoras para el sector.